Ángel Galeana/Chilpancingo
La Procuraduría de Protección Ambiental del Estado informó que turnó a la Fiscalía General del Estado una denuncia por el caso de crueldad animal registrado en la comunidad de El Pitayo, del nuevo municipio de San Nicolás, en donde “jinetes” cuelgan a un gato para arrancarle la cabeza, como parte de las actividades que realizan en las fiestas patronales.
El 27 de julio, una ciudadana publicó un video en redes sociales para denunciar un acto de crueldad animal cometido por pobladores de la comunidad de El Pitayo, perteneciente al nuevo municipio de San Nicolás, que se desprendió de Cuajinicuilapa.
El gato fue amarrado de la cola en una estructura de madera para que jinetes pasaran por abajo con el objetivo de arrancarle la cabeza, lo que los declaraba como ganadores.
Según la denuncia, el acto de barbarie se realiza como parte de las actividades de las fiestas patronales de la comunidad.
La denuncia se viralizó en redes sociales y fue retomado por algunos medios de comunicación nacional por la indignación social que causaron las imágenes.
Este martes, la Procuraduría de Protección Ambiental informó que inició un procedimiento administrativo y giró un oficio para que autoridades municipales investiguen y sancionen “los actos para asegurar que no se repitan”.
Además, el caso se turnó a la Fiscalía General del Estado para que se realicen las investigaciones correspondientes.
La ley de Bienestar Animal del Estado establece como acto de crueldad y maltrato que debe ser sancionado, entre otras cosas, “todo hecho, acto u omisión que pueda ocasionarle dolor, sufrimiento, poner en peligro su vida o que afecte su bienestar animal”.
Dicha ley señala que las “infracciones” de gravedad alta se consideran cuando se provoque la invalidez o muerte de un animal.
Los gobiernos estatal y municipales son los responsables, según sus competencias, de aplicar las sanciones administrativas que pueden ser pagos de multa, arresto de 36 horas, y amonestaciones, entre otras.
Por otro lado, el Código Penal del estado señala que se le impondrá una pena de cárcel de 9 meses a 11 años y multas de 655 a 2 mil 184 el valor de las Unidades de Medida de Actualización (UMA), es decir, entre 71 mil 113 y 273 mil 116 pesos a quien cometa maltrato animal.
Entre los supuestos que se establecen para que se considere maltrato animal, es “que por medio de acto u omisión consciente o inconsciente, ocasione dolor o sufrimiento a los animales de compañía, domésticos o de trabajo, afectando su bienestar, poniendo en peligro su vida, su salud, que les cause invalidez o muerte”.
Pese al marco legal que existe en Guerrero, solo un caso de maltrato animal ha llegado a sentencia, que fue el asesinato del perro callejero Stich, en Chilpancingo, a quien el dueño de una panadería mató a golpes después de causarle varias fracturas por robarse un pan.
El caso de Stich se viralizó a nivel nacional y fueron las organizaciones civiles quienes presionaron y llevaron el caso a un término que derivó en una sentencia al responsable de apenas 4 meses de cárcel, el pago de una multa por 38 mil pesos y una disculpa pública.