Alina Navarrete Fernández/Chilpancingo, Gro.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) instó al Congreso del Estado de Guerrero a garantizar el derecho que tienen las mujeres víctimas de violencia sexual a interrumpir legalmente su embarazo.
Mediante un comunicado difundido este martes, la CNDH manifestó su rechazo “a cualquier reforma legislativa que constituya una regresión en los derechos humanos de las mujeres».
Cabe destacar que el Congreso local rechazó el pasado 22 de octubre una reforma al Código Penal para que las víctimas de violación sexual accedan a un aborto legal sin le necesidad de una denuncia ante el Ministerio Público.
De acuerdo con feministas, la Comisión de Justicia aprobó otro dictamen en el que, además del Ministerio Público, intervendrán el DIF y de la Secretaría de la Mujer, el cual será presentado al Pleno en próximos días.
En ese contexto, la CNDH argumentó que existen numerosos instrumentos y recomendaciones internacionales dirigidas al Estado Mexicano sobre la necesidad de garantizar a las mujeres el acceso al aborto, entre los cuales se encuentran las recomendaciones que el Comité de la CEDAW emitió para que se acelere la armonización de las leyes y protocolos federales y estatales con la Ley General de Víctimas y la Norma Oficial Mexicana 046, para garantizar la interrupción legal del embarazo.
Además, recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en la sentencia emitida en el amparo en revisión 601/2017 que la negativa de las autoridades para realizar el procedimiento médico para interrumpir el embarazo a una menor, “a sabiendas de que éste era producto de una agresión sexual, constituye una violación grave a los derechos humanos”.
También el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, “ha señalado que las mujeres y las niñas se enfrentan a considerables dificultades para acceder a los servicios de aborto legal por las trabas administrativas y burocráticas, destacando que el denegar este servicio equivale a tortura y malos tratos”.
La CNDH resaltó que “regular condiciones adicionales para tener acceso al aborto en casos de violación afectan principalmente a mujeres con escasos recursos que no pueden solicitar este servicio en otras entidades federativas, lo cual pone en riesgo sus vidas”.
Puntualizó que se tienen registros que indican que del 2007 a julio de 2020 se realizaron 306 abortos en la Ciudad de México a mujeres provenientes del estado de Guerrero y añadió que, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, casi 10 de cada 100 mujeres en México han experimentado algún incidente de violencia sexual en su familia de origen antes de haber cumplido 15 años.
Mientras que dos de cada 100 mujeres fueron obligadas a tener relaciones sexuales, ante esta situación, “a la CNDH le preocupa que se regule la necesidad de que las mujeres menores de 18 años sean acompañadas por sus padres para solicitar un aborto legal, ante la alta incidencia de violencia sexual que desafortunadamente se da dentro de los hogares en México”.
Señaló que al respecto, la NOM-046 sólo regula que se deberá realizar el aborto a solicitud del padre, madre o tutor cuando la víctima sea menor de 12 años; añadió que la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en contra de las mujeres por agravio comparado en Guerrero, solicita como medida de prevención reformar el artículo 159 de su Código Penal, para evitar la criminalización de las víctimas.
Finalmente, la CNDH reiteró su compromiso con las mujeres víctimas de violencia, así como la importancia de que todas las autoridades garanticen el acceso a las medidas idóneas para que puedan hacer uso de la interrupción legal del embarazo, particularmente en casos de violencia sexual, de manera que se apoye a las víctimas a retomar su plan de vida como parte integral de la reparación del daño.