Carlos Navarrete Romero/ Chilpancingo, Gro.
La abogada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Neil Arias Vitinio, dio a conocer que de enero a la fecha se han documentado 30 casos de agresiones sexuales cometidas contra niñas de entre 9 y 16 años.
Además refirió que la agencia del Ministerio Público de Tlapa tiene archivadas 70 carpetas de investigación por violencia sexual contra mujeres, mismas que no presentan ningún avance.
Así lo expresó este miércoles durante una conferencia de prensa virtual, en la que participaron feministas de Guerrero para reiterar su llamado al Congreso local a que rechace la iniciativa de reforma al artículo 159 del Código Penal del estado que propone la Comisión de Justicia y con la que se pretenden imponer más restricciones para que las víctimas de una violación sexual accedan al aborto.
Entre estas restricciones está que, además del Ministerio Público, también la Secretaría de la Mujer y el DIF estatal intervengan en los casos de violación, situación que para las organizaciones feministas sólo burocratiza la atención de las víctimas; además de que se plantea sancionar al personal médico que practique un aborto sin el aval de las autoridades.
En su intervención, Arias Vitinio advirtió que en las zonas indígenas de Guerrero las mujeres víctimas de agresiones sexuales pasan por un “viacrucis” para tratar de acceder a la justicia, razón por la que consideró grave y preocupante que diputados locales pretendan imponer más candados para que se les permita interrumpir su embarazo.
Ante esa situación, durante la conferencia dio a conocer casos de niñas abusadas sexualmente a los que Tlachinollan y otras organizaciones defensoras de derechos humanos han dado acompañamiento, y con los que han comprobado la revictimización a la que son sometidas, principalmente porque las autoridades ministeriales no creen en la denuncia de las menores.
Uno de estos casos es el de una adolescente de 16 años, originaria de la comunidad de Xochitepec, perteneciente al municipio de Acatepec, quien hace un año fue abusada sexualmente por tres hombres. Los padres de la víctima tuvieron que viajar seis horas para llegar a Tlapa y presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Pública y “a la fecha no hemos tenido ningún resultado”.
Otro caso ocurrió en septiembre pasado. Cuando una menor originaria de una comunidad de Tlapa, fue violada dentro de su casa por un vecino, quien aprovechó la ausencia de la madre de la víctima para ingresar a la vivienda y agredirla sexualmente.
“Cuando ella fue al Ministerio Público, las autoridades le cuestionaron por no haber gritado ni haberse defendido durante la agresión”.
Con estos ejemplos, Arias Vitinio precisó que es grave que el Congreso se haya negado a eliminar del Código Penal el requisito de que las víctimas tengan que denunciar ante el Ministerio Público y demostrar que fueron violadas para que se les autorice un aborto.
Respecto a la iniciativa que promueve la Comisión de Justicia, que establece que las víctimas de una violación que son menores de edad deben acudir a denunciar acompañadas de sus padres, la defensora de derechos humanos recordó que en muchos casos éstos son los agresores, por lo que imponer ese requisito hace “imposible” que una niña o adolescente se presente ante el Ministerio Público.
Explicó que de los casos documentados por Tlachinollan, en siete los agresores fueron los padres de las víctimas.
Como ejemplo refirió el caso de una familia que vive en una comunidad de Tlapa, donde el padre abusó sexualmente de cuatro de sus cinco hijas, una de éstas tuvo un hijo de él. Sin embargo, cuando intentó abusar de la más pequeña, de 14 años, las víctimas decidieron actuar legalmente.
“Es importante tomar en consideración estos casos. Hay que recordar que muchas veces la niñas que son víctimas de estos abusos son amenazadas por sus agresores para que no cuenten ni denuncien lo que pasa, y ellas por temor se callan, prefieren no decir nada, prefieren mantener eso en silencio”.
Blanca Azucen de Jesús Candia, de la Fundación Mexicana de Planeación Familiar (Mexfam), también compartió dos casos de menores de edad que han sido violadas.
Uno corresponde a una madre y su hija de 12 años, de la comunidad de Pueblo Hidalgo, en el municipio de Iliatenco, quienes fueron violadas al mismo tiempo por cinco hombres (abuelo, hijos y nietos) quienes les dijeron a las víctimas que esa era la venganza de su familia por un terreno que perdieron legalmente hace 30 años.
“Estaban dos familias en disputa por ese terreno. Entonces una familia se queda con esos terrenos. El abuelo de la familia que perdió le contó a sus hijos y nietos, y siempre les dijo que algún día se tenían que vengar, antes de que él muriera. La familia que ganó el terreno siguió creciendo: una de las hijas del señor que ganó tuvo hijas, esas hijas tuvieron más hijas. Una noche la familia que perdió decidió entrar y violentar a todas las hijas y nietas, para eso vigilaron la casa, desafortunadamente se encontraban ahí la mamá y una de sus hijas, entraron en su casa, las violaron y las golpearon”.
La menor resultó embarazada tras la agresión, por lo que tuvo que ser trasladada a la Ciudad de México para abortar.
Otro caso que atendió Mexfam en Tlapa es el de una menor que acudió a sus oficinas acompañada de su padre. El hombre solicitó un aborto, pues dijo que su hija fue embarazada por su novio. Sin embargo el personal de la organización, en un momento que tuvo a solas con la menor, supo que el agresor fue el padre quien buscaba que su hija abortara para que nadie se percatara de que la violó.
En su intervención, Viridiana Gutiérrez, coordinadora del Observatorio Ciudadano de Violencia hacia las Mujeres en Guerrero, advirtió que la Comisión de Justicia modificó la temporalidad en su propuesta para acceder al aborto, pues pasó de 12 semanas solo 8 semanas de gestación, esto a pesar de que el Código Penal no contempla actualmente un límite en el embarazo para su interrupción.