Carlos Navarrete Romero/ Chilpancingo, Gro.
El contralor interno del ayuntamiento de Chilpancingo, Erick Javier García Ocampo, dio a conocer que ha iniciado procedimientos de responsabilidad administrativa en contra del exalcalde, Antonio Gaspar Beltrán y dos de sus exfuncionarios, por irregularidades financieras en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), equivalentes a 493 mil 520 pesos, y que podrían ser producto de un “fraude”.
Durante la conferencia matutina semanal que encabezó este lunes la alcaldesa, Norma Otilia Hernández Martínez, en el Palacio Municipal, el contralor presentó un informe de los avances conseguidos en su área durante los primeros cien días de gestión.
En su exposición, García Ocampo reveló que en el proceso de entrega-recepción recibieron información sobre irregularidades -por parte de la anterior administración- en la entrega de facturas por concepto de uniformes a personal de Seguridad Pública, Protección Civil y Tránsito, mismos que no fueron entregados a los presuntos beneficiarios.
Señaló que como parte de las actividades de fiscalización que realizó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al ejercicio fiscal 2020, ese organismo constató mediante entrevista directa a los beneficiarios que los uniformes no fueron entregados.
El funcionario expuso que la ASF realizó un total de 19 observaciones al ejercicio del FORTAMUN en 2020, una de las cuáles corresponde a bienes no localizados: fueron detectadas dos facturas que suman 493 mil 520 pesos por concepto de uniformes, de los cuáles no se encontró evidencia de que fueron entregados.
García Ocampo explicó que, derivado de esa situación, la ASF le ordenó al ayuntamiento de Chilpancingo que reintegre ese recurso, mismo que fue utilizado presuntamente en la compra de 235 uniformes.
“De comprobarse esto, estamos en la etapa de la investigación interna, estaríamos ante una estafa, por así decirle, a un uniforme-gate (…) Este dinero que nos está exigiendo la Auditoría Superior de la Federación que reintegremos, pues se lo tenemos que pedir a quienes lo ejercieron».
El funcionario comentó que tras la determinación de la ASF, la Contraloría Interna del ayuntamiento le requirió al gobierno anterior en dos ocasiones (16 de diciembre de 2021 y 17 de enero de 2022), atender las observaciones del órgano fiscalizador y reintegrar a las arcas del municipio los más de 493 mil pesos, pero ésto no ocurrió.
Derivado de ello, dijo que la Contraloría ha iniciado 8 procedimientos administrativos, de los que ya fue notificada la ASF, en contra de tres exservidores públicos a quienes no mencionó por su nombre: el exalcalde perredista, Antonio Gaspar; quien fuera su secretario de finanzas, Wilibaldo Valente Pastor y el responsable de operar el FORTAMUN durante su gobierno.
“Son éstos procedimientos que vamos a iniciar contra éstas personas, de los directamente responsables de ejercer éste recurso (…) No hay pacto de impunidad en esta administración, pero tampoco hay venganza pública”.
Advirtió además que hay elementos para sostener que el FORTAMUN del ejercicio fiscal 2021 presenta las mismas inconsistencias.
Finalmente, en entrevista, el contralor comentó que en caso de que determine que las faltas de los exfuncionarios son graves, se podría turnar el caso al Tribunal de Justicia Administrativa o a la Fiscalía Anticorrupción.