Carlos Navarrete Romero/ Chilpancingo, Gro.
Autoridades, fundadores y miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policía Comunitaria (CRAC-PC) informaron a diputados de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local que no participarán en la consulta que se aplicará en comunidades indígenas y afromexicanas sobre reformas e iniciativas que tienen impacto en esas poblaciones, pues acusaron que se trata de una “simulación”.
La tarde de este lunes, una comisión de aproximadamente 20 personas, la mayoría representantes de las Casas de Justicia de la CRAC-PC, se reunieron en la explanada del Congreso con el presidente de la Jucopo y coordinador parlamentario de Morena, Alfredo Sánchez Esquivel; el líder de la bancada del PRD, Raymundo García Gutiérrez; la diputada del PT, Leticia Mosso Hernández y la del PAN, Ana Lenis Reséndiz Javier, a quienes externaron su postura respecto al proceso de consulta que iniciará el Poder Legislativo luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la inconstitucionalidad de diferentes reformas que fueron aprobadas en 2018 en materia de seguridad, educación y electoral y que tenían un impacto directo en los pueblos indígenas y afromexicanos, pero que no fueron puestas a consideración esos grupos.
En el encuentro se dio lectura de un documento que plasmaba esa postura. La CRAC calificó como “racistas y discriminatorias” las reformas que fueron aprobadas en 2018 a la Ley de Reconocimiento y Cultura de los Pueblos Indígenas del Estado y la reforma al artículo 14 de la Constitución, durante el gobierno de Héctor Astudillo Flores, mismas que quedaron sin efectos tras la resolución de la Suprema Corte, hecho que la organización asume como un triunfo.
Sin embargo, advirtió que las más de 215 comunidades de las Casas de Justicia de la CRAC-PC no participarán en el proceso de consulta.
“De manera respetuosa, pero franca, les hacemos de su conocimiento que nosotros no vamos a convalidar sus indebidos procedimientos fuera de tiempo, de completo desacato y desobediencia a la sentencia de la Suprema Corte”.
Acusó a la actual legislatura de actuar de manera omisa como lo hicieron las últimas, al pretender realizar una consulta en apenas un mes, tiempo que consideraron insuficiente para una buena organización y que cumpla con los lineamientos establecidos por la SCJN.
“Nosotros hemos actuado con mucha dignidad, respeto y por las vías legales, por ello hacemos público que acudiremos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y visitaremos, como ya lo hemos hecho antes, al Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que impulsen losprocedimientos necesarios para el debido cumplimiento de las Sentencias de ese Alto Órgano de Jurisdicción Constitucional”.
De igual forma se deslindó de las sanciones que podrían imponerse al Poder Legislativo por sus presuntas omisiones y anunció que las Casas de Justicia se reservan todas las acciones y movilizaciones legales y pacíficas que podrían emprender.
“Toda esa simulación que han aprobado y que llaman consulta, no es una real consulta conforme a estándares internacionales y por eso exigimos no más simulaciones”.
En respuesta, Sánchez Esquivel dijo que se le compartiría a todos los asistentes el Protocolo para desarrollar de manera libre, previa, informada y de buena fe el proceso de consulta para poder crear, reformar, adicionar o derogar leyes que impacten en la esfera de los derechos de las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos, que ya fue aprobado por el Congreso.
De igual forma, externó que la CRAC estaba en su derecho de proceder como lo considere pertinente, pero dijo que el Congreso no será “un lugar de polarización”, por lo que se continuará con el desarrollo del proceso de la consulta, en atención al mandato de la Suprema Corte.
“Si ustedes dicen que está mal y que no sirve lo que vamos a hacer, somos respetuosos; si ustedes no quieren participar somos respetuosos”, expresó.
Por su cuenta, Raymundo García expuso que el protocolo aprobado por el Congreso en días recientes no es “una ocurrencia”, pues se realizó por mandato de la Corte.
También aseguró que se respetarán todos los derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas y que para el Congreso es importante escuchar todas las posturas que existen en torno al tema.