Alina Navarrete Fernández/Chilpancingo, Gro.
La Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres denunció que, a un año de la despenalización del aborto en la entidad, persiste la resistencia en el sector salud para acceder a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
En conferencia de prensa en Chilpancingo, Ana Gabriela Candela Garzón, María Luisa Garfias Marin, Carolina Gálvez Zeferino, Angie de la Rosa Palafox, entre otras feministas, informaron que han dado acompañamiento a más de 250 mujeres que decidieron interrumpir su embarazo.
En un pronunciamiento colectivo, las feministas puntualizaron que entre los problemas para acceder a la ILE están la centralización de los servicios en Chilpancingo y Acapulco, el uso de métodos desfasados como el legrado, que implica mayor riesgo einvasión para las mujeres, en lugar del aborto con medicamentos o el Aspirado Manual Endouterino (AMEU).
La falta de promoción del aborto como un derecho reproductivo y de informaciónsobre los hospitales que ofrecen el servicio; la persistencia de actitudes estigmatizantes, discriminatorias y violentas por parte del personal de Salud, «así como la negación injustificada de los servicios o la imposición de requisitos innecesarios».
Además, la falta de ética médica «por parte de las y los funcionarios que no salvaguardan la confidencialidad de sus pacientes».Informaron que ayer se reunieron con la titular de la Secretaría de Salud Estatal, Aidé Ibarez Castro, a quien le presentaron propuestas para mejorar el servicio de la ILE en la entidad, principalmente hacer una campaña de difusión en las lenguas originarias y capacitar al personal del sector.
«Instamos a la Secretaría de Salud a que tome en consideración nuestras propuestas y ponga en marcha acciones concretas para garantizar el acceso a servicios de aborto seguro y de calidad en el Estado de Guerrero», expresaron.
Finalmente, declararon que de acuerdo con la Fiscalía General del Estado hay 10 mujeres encarceladas que sufrieron abortos espontáneos, pero fueron juzgadas por el delito de homicidio en razón de parentesco, por lo que urgieron a las autoridades a acatar la ley.