Por: Redacción
29-06-29 Chilpancingo, Gro.- El ex gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero, manifestó que las personas que tenían una responsabilidad en el gobierno federal durante la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, deben ser convocadas por el nuevo gobierno para que proporcionen la información con la que cuentan sobre ese hecho.
Recordó que tras ese acontecimiento, el gobierno federal decidió que se trataba de un asunto local, incluso afirmó que el ex canciller, Luis Videgaray; el ex titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño; y el ex secretario de Gobernación y actual senador, Miguel Ángel Osorio Chong, le recomendaron al ex presidente de la república, Enrique Peña Nieto, no intervenir en la situación las horas posteriores a la desaparición de los estudiantes.
Esta mañana el ex mandatario hizo una publicación en su cuenta personal de Facebook, en la que revela que mantuvo al tanto al gobierno federal de las acciones que emprendió su administración tras los hechos violentos de Iguala, en septiembre de 2014, en los que perdieron la vida seis personas y fueron desaparecidos 43 normalistas.
“Aún persisten dudas de lo que ocurrió. Nosotros, en esos momentos, hicimos lo que correspondía: en las horas posteriores y en cuanto tuvimos conocimiento de los estudiantes que escaparon a la agresión, establecimos un operativo de búsqueda y rescate a partir de las tres de la mañana del 26 de septiembre, que concluyó aproximadamente a las seis de la mañana”.
Afirmó que gracias a esa acción se localizaron a 68 normalistas, incluso aseguró que de no ser por la intervención del gobierno del estado, esos jóvenes pudieron correr “la misma suerte” que los 43 desaparecidos, “ya que la policía municipal, en especial el grupo denominado Los Bélicos, los estaban cazando”.
Aguirre Rivero recordó que al tener conocimiento de que en esos hechos participó la Policía Municipal, el que fuera titular de la Procuraduría General del Estado (PGE) Iñaki Blanco, decidió concentrar y desarmar a sus 300 elementos.
Indicó que luego de que se tomaron sus declaraciones ministeriales, se consignó a 33 policías que actualmente están recluidos, y afirmó que el alto comisionado de la ONU en México reconoció que en esos casos no se cometió tortura.
Dijo que las acciones de búsqueda y rescate de los estudiantes desaparecidos continuaron hasta el 23 de octubre, fecha en la que se separó del cargo de gobernador.
El ex gobernador explicó que de todo ello mantuvo informado al gobierno federal, que encabezaba el priista Enrique Peña Nieto, sin embargo dijo que las autoridades federales decidieron que se trataba de “hechos locales”.
Ante esa situación, expresó que con la nueva etapa de investigación del caso, que está en manos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es importante que sean convocados quienes tenían alguna responsabilidad pública durante los días previos y posteriores, incluso los que estuvieron al frente de las investigaciones en el gobierno federal.
“Hay muchas preguntas que responder, entre ellas: por qué Luis Videgaray, Aurelio Nuño y Miguel Ángel Osorio Chong recomendaron al presidente Enrique Peña Nieto que no interviniera en las siguientes horas y días de los acontecimientos bajo el argumento de que se trataba de un asunto local, lo que derivó en que Peña Nieto nunca escuchara mi versión”.
Manifestó que sería importante conocer la información de la que dispone quien era el comandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala, lo mismo que el de la Zona Militar regional. También mencionó que debe conocerse el seguimiento que dio a los sucesos el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), que estaba a cargo de Eugenio Imaz.
“¿Qué actividades realizó el destacamento de la Policía Federal en esta ciudad, en auxilio de los jóvenes desaparecidos? ¿Hasta cuándo se descubrirá el velo que cubre a ese personaje conocido como El Patrón, quien, según el informe de la CNDH, es clave para entender lo sucedido esa noche?”.
Cuestionó que hasta la fecha la Secretaría de Gobernación se haya negado a proporcionar copias de las minutas que se levantaron en las diferentes reuniones del Grupo de Coordinación Guerrero en las que se exponían los problemas de Iguala.
De igual forma consideró que se debe conocer la responsabilidad de algunas autoridades de la normal de Ayotzinapa, y del propio PRD por haber postulado a la alcaldía de ese municipio a José Luis Abarca Velázquez, pese a sus vínculos con la delincuencia.
“¿Qué relación guardaba el entonces director de la escuela normal de Ayotzinapa con posibles grupos delictivos infiltrados en el plantel, según revela la CNDH? ¿Se trasladó un grupo de normalistas a Huitzuco y Mezcala? ¿Por qué el PRD llevó como su candidato a José Luis Abarca, cuando eran del dominio público sus posibles vínculos con la delincuencia organizada? ¿Y quiénes promovieron esta candidatura?”.
Finalmente, el ex gobernador comentó que confía en que la actual investigación, que está en manos de la nueva administración federal, resolverá esas interrogantes, siendo la principal conocer el paradero de los estudiantes.
“Por eso aportaremos (como ya lo hemos hecho a lo largo de estos años), la información que esté a nuestro alcance para aclarar cualquier duda que permita resolver este caso y dar paso a una reconciliación que mucha falta nos hace. El que nada debe, nada teme. La verdad y la justicia no pueden ser moneda de cambio para complacer a un grupo”.