Propone diputada reformas contra matrimonios forzados en la Montaña

Carlos Navarrete Romero

Chilpancingo, Gro. 17-Septiembre-2019

Este martes fue presentado ante el Congreso local un paquete de varias iniciativas de reformas a la Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas, con la finalidad de combatir el matrimonio forzado en las comunidades de la Montaña de Guerrero, práctica que es “disfrazada como usos y costumbres”.

La propuesta fue presentada en tribuna este martes por la diputada de Morena, Erika Valencia Cardona, quien en su exposición de motivos informó que México es el segundo país que más víctimas de trata provee a Estados Unidos y el principal consumidor mundial de personas en situación de trata con cualquier fin.

Refirió que la organización de derechos humanos Tlachinollan ha denunciado públicamente que en la Montaña la marginación y pobreza extrema obliga a algunos indígenas nahuas, mixtecos, amuzgos y tlapanecos, por usos y costumbres, a entregar “en matrimonio” a sus hijas cuando cumplen 12 años, a cambio de una «dote» que se traduce en especie o en dinero en efectivo.

Valencia Cardona mencionó que Tlachinollan, que tiene su sede en Tlapa, ha documentado denuncias por la entrega de niñas de entre 12 y 15 años de edad a cambio de dinero.

Dijo que en algunos casos las jóvenes son llevadas a las familias de sus “novios” a cambio de una «dote» de 100 mil pesos, lo que la organización no gubernamental ha calificado como «un comercio» que propicia la violencia familiar debido a que “los novios” consideran a las mujeres un objeto de su propiedad.

Expuso que la venta de niñas se mantiene en municipios como Cochoapa el Grande, Metlatonoc, Atlixtac y Acatepec, considerados unos de los más pobres del país.

“En conclusión, unas 300 mujeres han sido dadas en matrimonio sin su consentimiento, a cambio de una dote, en el caso de las niñas y adolescentes forzadas a un matrimonio el 49 por ciento sufre violencia física, el 68 por ciento violencia sexual y el 16 por ciento violencia económica en comparación aquellas que se unieron después de la mayoría de edad”.

La legisladora dijo que la ley establece un castigo de entre 4 y 10 años de prisión a quien obligue a una persona a contraer matrimonio a cambio de dinero o especie, sin embargo denunció que esa práctica sigue vigente.

Por esta razón propuso varias reformas en la Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas, a fin de eliminar los matrimonios forzados en las comunidades indígenas.

Su iniciativa plantea que las autoridades estatales y municipales coadyuven en las asambleas de los pueblos indígenas para prevenir esas prácticas, sin que eso signifique que se violenta su autonomía.

Propone también que la asamblea de los pueblos indígenas participe en la prevención y erradicación de la trata de personas; se socialice la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en Materia de Trata de Personas en los pueblos originarios; y que la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso sea incluida en la Comisión Interinstitucional para la Prevención, Erradicación, Protección y Asistencia a las víctimas de Trata de Personas en el Estado.

La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis y posterior dictaminación.

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