Carlos Navarrete Romero
Chilpancingo, Gro. 28-Septiembre-2019
Organizaciones feministas criticaron que, pese a que han transcurrido tres meses desde que se emitió esa recomendación, el Congreso local aún no haya reformado el Código Penal del estado para que las mujeres que hayan quedado embarazadas tras una violación accedan a un aborto seguro y gratuito sin la obligación de presentar una denuncia ante el Ministerio Público.
También demandaron al gobierno del estado y al Congreso que no se dejen presionar por grupos católicos o religiosos que “se oponen a la progresividad de los derechos humanos de mujeres y niñas”.
A través de un comunicado, difundido en el marco del Día de la Despenalización del Aborto en América Latina y El Caribe, las organizaciones Católicas por el Derecho a Decidir y ObVio Guerrero recordaron que faltan sólo dos meses para que el gobierno del estado y el Congreso atiendan las recomendaciones que emitió la federación luego de que se presentara una segunda solicitud de alerta por violencia de género en la entidad.
Una de las recomendaciones dirigida a ambos poderes es reformar el Código Penal para homologarlo con la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM-046), que elimina la exigencia de que la víctima de una violación sexual presente una denuncia ante el Ministerio Público y obtenga una autorización del mismo para interrumpir su embarazo.
Las organizaciones expresaron que el contexto de violencia sexual y la criminalización de las mujeres que abortan en Guerrero son “preocupantes”.
Indicaron que, de acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2019 se han denunciado 168 casos de abuso sexual en la entidad, y que en el mismo periodo se iniciaron 202 carpetas de investigación.
“En México la criminalización, la persecución y el encarcelamiento de mujeres que interrumpen un embarazo, evidencian la discriminación y la falta de garantías para el ejercicio de las libertades individuales y de los derechos civiles. Desafortunadamente, la condena de la jerarquía de la Iglesia católica y los grupos conservadores hacia las mujeres que han interrumpido un embarazo ha contribuido a un ambiente de juicio, rechazo y discriminación hacia ellas”.
Los colectivos manifestaron que el acceso a un aborto legal y seguro es un derecho que se debe garantizar en todas las entidades del país, por lo que los estados democráticos deben asumir “hoy más que nunca, la responsabilidad que tienen de gobernar para una sociedad diversa y plural”.
“Por ello, al ser México un Estado laico, las autoridades estatales no se deben dejar influenciar por las presiones ejercidas desde la jerarquía de la Iglesia católica o de otros líderes y grupos religiosos que se oponen a la progresividad de los derechos humanos de mujeres y niñas”.
Ante esa situación, demandaron al Congreso reformar el Código Penal como se establece en la recomendación que emitió la federación; a la Secretaría de Salud que gire instrucciones a todos sus centros de salud y hospitales a que apliquen la NOM-046; y a la Fiscalía General del Estado (FGE) aumentar el número de personal adscrito a las Fiscalías de Atención a Víctimas de Delitos Sexuales, así como revisar y dar seguimiento a las carpetas de investigación de mujeres consignadas por el delito de aborto.