Vanessa Cuevas
Chilpancingo, Gro; 03-Diciembre-2019
El diputado priista, Jorge Salgado Parra presentó una iniciativa de Ley de Austeridad del Estado de Guerrero con la que plantea que los ahorros obtenidos con la sustancial reducción de gastos, sean destinados a los programas prioritarios de atención a la población y programas sociales.
En la sesión ordinaria de éste martes, el legislador argumentó en tribuna que la Ley de Austeridad de Guerrero, permitirá eficientar el gasto público cuidando los temas de transparencia, acceso a la información, y la rendición de cuentas.
“Esta ley es de orden público e interés social. Tiene por objeto la aplicación de medidas de austeridad en la programación y ejecución del gasto gubernamental, como política de Estado para hacer cumplir los principios de economía, eficacia, eficiencia, transparencia y honradez en la administración de los recursos económicos de carácter público de que dispone el Estado, conforme lo establece el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como por lo dispuesto por el artículo 181 numeral 2 de la Constitución Política del Estado de Guerrero”, dijo.
La iniciativa de ley contempla prohibir las pensiones de retiro a titulares del Ejecutivo Estatal, salvo por lo que toca a la correspondiente al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Además de que “todos los servidores públicos del Estado recibirán los beneficios del sistema público de seguridad social correspondiente”.
De aprobarse dicha iniciativa quedará prohibido establecer o cubrir con recursos públicos estatales haberes de retiro o regímenes especiales de jubilación o pensión, así como la contratación de seguros privados de gastos médicos, de vida o de separación individualizada o colectiva por parte de los entes públicos estatales para beneficio de cualquier servidor público, con excepción de aquellos necesarios por corresponder a una función de alto riesgo, conforme a lo establecido en la ley.
El diputado local enfatizó que la iniciativa contempla que solo los servidores públicos con alta responsabilidad en materia de seguridad, procuración de justicia, así como el Ejecutivo del Estado, podrán disponer, con cargo al erario, de servicios de escolta. En ningún otro caso se autorizará la erogación de recursos de los respectivos presupuestos ni el establecimiento de plazas para funciones de escolta.
“El mismo principio aplicará para la erogación de recursos para blindaje automotriz y cualquier otro gasto relativo a la protección de servidores públicos”.
Asimismo quedará prohibida la adquisición de boletos de viajes en servicio de primera clase o equivalente, así como la contratación de servicios privados de aerotransporte.
“Sólo se adquirirán servicios de hospedaje y alimentación del servidor público comisionado, cuyo monto será determinado por los lineamientos que al efecto emita la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, los cuales siempre se ajustarán a criterios de racionalidad, eficiencia y austeridad”.
Salgado Parra indicó que en todos los casos, los funcionarios que efectúen el viaje oficial deberán remitir un informe del propósito de su viaje, los gastos efectuados y de los resultados obtenidos, dentro del plazo de 30 días hábiles, una vez concluido, mismo que será público.
Asimismo la iniciativa especifica que no se autorizaran nuevos programas o se ampliaran las metas de los existentes, los gastos por servicios de telefonía, fotocopiado y energía eléctrica; combustibles, arrendamientos, viáticos, honorarios, alimentación, mobiliario, remodelación de oficinas, equipo de telecomunicaciones, bienes informáticos, pasajes, congresos, convenciones, exposiciones, seminarios, estudios e investigaciones, no podrán exceder de los montos erogados en el ejercicio presupuestal inmediato anterior, una vez considerados los incrementos en precios y tarifas oficiales o la inflación.
La Secretaría de Finanzas y Administración emitirá las disposiciones administrativas generales para que los principios de austeridad que contempla esta Ley tengan la debida observancia y para que se apliquen a otros conceptos o partidas, de gasto, siempre que permitan un mejor cumplimiento de las metas y funciones previstas en el Presupuesto de Egresos.