Vanessa Cuevas/Chilpancingo, Gro
La Comisión permanente del Congreso local dio la primera lectura al acuerdo tomado de exhortar al gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores y a los Ayuntamientos para que de manera integral atiendan el problema del desplazamiento forzado interno en Guerrero.
En la sesión de esté miércoles, la Mesa Directiva dio la primer lectura al acuerdo tomado por la Comisión de Derechos Humanos en el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo y a los Municipios tomar acciones por los casos de desplazamiento forzado, los cuales estén acompañados por los programas gubernamentales necesarios que permitan la restitución de los derechos de las familias y tengan una vida libre de violencia.
El acuerdo emitido también exhorta a los Municipios que presenten “el fenómeno” de desplazamiento forzado interno a brindar protección a las víctimas para evitar que sean receptores de más amenazas.
Falta la segunda lectura del acuerdo de la Comisión para que esta manera el pleno del Congreso pueda discutir y en su caso aprobar el exhorto.
El día hoy el secretario General de Gobierno Florencio Salazar Adame, informó que en Guerrero se tienen a alrededor de 1 500 personas desplazadas por la violencia, entre ellas, los últimos grupos que salieron de localidades en el municipio de Zirándaro y de la comunidad de Zihuaquio.
Sin embargo dichas cifras contrastan con con la expresada por víctimas o autoridades. Solo en el municipio de Zirándaro hay alrededor de 2 mil personas desplazadas, de acuerdo con el presidente municipal, Gregorio Portillo Mendoza. En noviembre del 2018, pobladores de al menos 8 comunidades de Leonardo Bravo huyeron tras la irrupción del Frente de Policías Comunitarios del Estado de Guerrero. En esa ocasión las víctimas reportaron alrededor de 1 600 desplazados.