Hipólito Lugo Cortés. Tiene una licenciatura en Derecho, maestría en Ciencias, Área de Derecho Público, y estudios de doctorado en Derechos Humanos. Es coordinador de la Oficina en Guerrero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Fue secretario ejecutivo, secretario técnico, visitador general, y presidente del Comité para la Investigación de la Desaparición Forzada de Personas. También se desempeñó como presidente interino en la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero.
Nos llamó la atención la presencia en estos últimos días en el estado de Guerrero de Adrián, Julián y Bryan LeBarón, quienes estuvieron en Chilapa, Iguala y Cocula, acompañando a familiares de víctimas de hechos delictivos, expresándoles su solidaridad y apoyo, pero también con un enérgico exhorto a las autoridades mexicanas de frenar esta ola de violencia e inseguridad, que ya ni pueden ir a la esquina a comprar unos tacos para cenar, como lo argumentaron en su estadía en Iguala.
Así en su caminar por Guerrero dejaron escuchar su justo reclamo a las autoridades para que cumplan con su trabajo, realicen investigaciones expeditas de los delitos y se logre sancionar a los responsables; fue gratificante charlar con ellos en Chilapa, puede palpar su dolor, rabia e impotencia por el actual estado de cosas, pero lo más loable es que pude percibir en ellos ese espíritu de lucha que no flaquea, sino que se fortalece en su ser y lo transmiten en sus mensajes.
La familia LeBarón que nos visitó, desde luego que entra dentro del concepto de ser defensores de derechos humanos, lo anterior es así pues tanto en el Sistema de Naciones Unidas como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se determina quién debe ser considerado con tal carácter, el cual se encuentra contenido en la “Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentalmente reconocidas”, al señalar en su artículo 1º que “toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional”.
Lo anterior, aunado a que las acciones que realicen estas personas se convierten en el criterio principal para definir quién es un defensor de derechos humanos. Con base en ello, toda persona que de cualquier forma protege, promueve o procure cualquier derecho o derechos a favor de personas, debe ser considerada como defensora de derechos de humanos.
Esto es así, sin que realicen propiamente un trabajo jurídico o un trabajo dentro de una organización de derechos humanos, por lo que entran en esta categoría nuestros distinguidos visitantes, quienes se han caracterizado por alzar la voz en busca de verdad y justicia por sus familiares muertos, reclamo que han extendido para el resto de las víctimas del delito en México.
Uno de los derechos fundamentales de los defensores de derechos humanos es el derecho de reunión, de circulación y de libertad de expresión; los cuales ejercieron nuestros visitantes en los días que estuvieron en Guerrero, sin lugar a duda que en general, los defensores de derechos humanos contribuyen a fomentar una conciencia social sobre la vigencia que deben tener los derechos de las personas en lo individual y colectivo
Además, contribuyen al fortalecimiento de la democracia al crear conciencia de la necesaria participación de los ciudadanos en esta exigencia de verdad, justicia y lucha contra la impunidad, pues una sociedad que se jacte de tener una visión democrática, debe tener el sello característico del respeto a los derechos humanos y a la labor de los defensores de estos derechos.
Es por ello que el Estado Mexicano debe respetar y garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las y los defensores de los derechos humanos, la voz que levantan en muchas ocasiones evita que las violaciones a los derechos fundamentales permanezcan ocultas; lo cual en no pocas veces incomodan a las autoridades al ponerlas en entredicho y los llega a colocar en una situación de riesgo a ser víctimas de algún daño que puede ser irreparable.
Es necesario que las autoridades entiendan y atiendan esos llamados de los activistas y de las víctimas y adopten acciones y estrategias para enfrentar la violencia e inseguridad; así como trabajar en una transformación profunda de la Fiscalía General de la República y las homólogas de las entidades federativas, para que su actuación primordial sea una auténtica procuración de justicia que abata la impunidad, la corrupción e ineficacia en la que están inmersas.
Vale reconocer que una gran cantidad de defensores de derechos humanos lamentablemente incursionan en este campo al ser víctimas del delito, como aconteció con los LeBarón, a quienes les privaron de la vida a varios familiares, 3 mujeres y 6 niños el pasado 4 de noviembre de 2019, por un grupo armado en los límites de Chihuahua y Sonora, sin mencionar los anteriores agravios sufridos.
Ahora luchan no sólo por sus propios derechos, sino también por los de sus familiares y la comunidad en general; no se les puede cuestionar esa legitimidad que tienen por sus justos reclamos de acceso a la justicia y a la paz, merecen solidaridad y acompañamiento para acrecentar esos recamos de justicia, no impunidad y paz social.