Ángel Galeana/Chilpancingo
Diputados de la fracción de Morena en el Congreso local hicieron un llamado a la Comisión de estudios Constitucionales y Jurídicos a que apresure los trabajos de dictaminación sobre la iniciativa de reforma para modificar artículos a la segunda sección de la Constitución local sobre derechos de pueblos indígenas y afromexicanos, la llamada Ley Indígena. El PRI y el PRD respondieron que no pueden porque no tienen los elementos legales para hacerlo.
En la sesión virtual de este miércoles, diputados de Morena, PRI y PRD, con la participación de la representación del PT, sostuvieron un amplio debate sobre la iniciativa que fue presentada en el Congreso local el pasado 17 de diciembre.
Cabe recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucionales las modificaciones que realizó la pasada legislatura a las leyes 701 y 777, relacionadas con los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, las cuales fueron promovidas por el gobernador Héctor Astudillo Flores y se publicaron en agosto del 2018, teniendo entre sus puntos centrales disminuir las atribuciones de seguridad y justicia de las policías comunitarias.
En el último punto de la sesión, el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, Aristóteles Tito Arroyo, hizo un llamado a los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos que preside el perredista Bernardo Ortega Jiménez, a que dictaminen la iniciativa al considerar que tiene todos los requisitos constitucionales e internacionales para su aprobación.
El diputado morenista recordó que la SCJN declaró inconstitucionales las reformas de 2018 al considerar que no se realizaron las consultas adecuadas y debidas en las comunidades indígenas y afromexicanas; en ese sentido, señaló que la iniciativa que él y otros legisladores de Morena presentaron cumple con ese principio, dado que se realizaron distintos foros entre septiembre y octubre del año pasado en los que se tomó en cuenta la opinión de los actores principales.
El diputado justificó su posicionamiento señalando que mayo es el plazo fundamental para que se apruebe el dictamen, tomando en cuenta que se tiene que analizar y discutir ante el pleno y, tras su aprobación, ser ratificada por la mitad más uno de los ayuntamientos, ser certificada y publicada, y que está en puerta el inicio del proceso electoral programado para septiembre.
Al llamado para acelerar el proceso de dictaminación se sumó el diputado, también de Morena, Luis Enrique Ríos Saucedo, al considerar que es la iniciativa que mayor consenso en términos de participación, además de que se construyó con la participación de “miles” de indígenas y afromexicanos tras la realización de 10 foros en diferentes puntos de Guerrero.
Subrayó que la propuesta de reforma ha consensado la aprobación de organizaciones como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) el Concejo de Gobierno de Ayutla, de los maestros de la Coordinadora Estatal de trabajadores de la Educación (CETEG), y otras organizaciones sociales y personajes académicos.
Hizo un llamado a no esperar 20 o 30 años hasta que llegue un grupo de legisladores más empáticos con «causas justas», y generar un consenso político en el Congreso que les permita dictaminar la iniciativa que, dijo, no se trata de un tema electoral, sino más integral hacia los pueblos indígenas y afromexicanos.
Por el PRD y el PRI las posturas fueron similares respecto al por qué no ha habido dictaminación de la iniciativa. Coincidieron en que efectivamente hay una resolución de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación en el tema, pero que la misma no se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación, que el Congreso no ha sido notificado de manera oficial, y que fija un plazo de 12 meses para que diputados establezcan una nueva legislación en el tema de los pueblos indígenas y afromexicanos.
La diputada perredista Fabiola Rafael Dircio dijo que a su partido le queda clara la necesidad de reconocer constitucionalmente a los pueblos indígenas y afromexicanos del estado, haciéndolos sujetos de derecho público, con asambleas comunitarias como máxima autoridad y sistemas normativos que les permitan definir de manera interna sus formas de justicia, seguridad y fiscalización.
Recordó el plazo que tiene el Congreso de un año para crear una nueva legislación por lo que se han dado a la tarea de construir un dictamen congruente que responda a los requerimientos de instancias internacionales, y una reforma integral en materia indígena.
El coordinador de la bancada perredista y presidente de la Comisión responsable de coordinar los trabajos para dictaminar la llamada ley indígena, Bernardo Ortega Jiménez, dijo que están de acuerdo en que se reconozcan los derechos de los pueblos indígenas, pero advirtió que como poder legislativo deben ser respetuosos del marco legislativo.
Dijo que no pueden entrar al estudio para dictaminar la reforma presentada por Morena porque ni siquiera han recibido la notificación oficial de la SCJN en la que se puedan basar los lineamientos para crear la nueva legislación.
En sentido similar fue la participación del diputado priista Jorge Salgado Parra, quien dijo que no están en posición de discrepar con la sentencia, sino de acatarla, para lo cual tienen que ser enterados a través de los cauces oficiales.
“Habrá que conocer los términos a los que estamos obligados, porque guiarse por meras suposiciones es algo contrario y nos podríamos meter en un problema que nos mandaten inconstitucionalidad, porque no tenemos ni siquiera la sentencia de la Corte que nos obligue a poder hacerlo. Es una cuestión netamente jurídica”, señaló.