Carlos Navarrete Romero/ Chilpancingo, Gro.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) volvió a exhortar al Congreso local para que, cuanto antes, concluya el proceso de aprobación del proyecto de reformas a la Constitución de Guerrero en materia de derechos indígenas y pueblos afromexicanos, promovidas por diputados de Morena.
A través de un comunicado, el organismos expresó que ese proceso debe ser acorde a la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración Americana Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De igual forma, refirió que el pasado 19 de mayo el secretario General de Gobierno, Florencio Salazar Adame, “aparentemente” dio respuesta al comunicado de prensa que emitió la CNDH cinco días antes en el que emitió un primer exhorto al Poder Legislativo para que, con carácter de urgente, aprobara esas reformas.
Sin embargo, la Comisión Nacional advirtió que el Gobierno del estado “confunde y hace referencia al comunicado DG/142/2020 que emitió la CNDH el 22 de abril pasado” en el que el organismo reconoció la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al resolver la acción de inconstitucionalidad en contra del decreto 778 del Congreso de Guerrero derivado de la falta de consulta previa a los pueblos y comunidades indígenas y Afromexicanas.
“Este Organismo Nacional Autónomo, reitera su reconocimiento a la decisión del Máximo Tribunal Constitucional, para declarar la invalidez de las normas impugnadas, y está convencido de que la solución a las graves desigualdades que aquejan a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, debe darse en el ámbito interior del Estado, y ésta debe ser una decisión política que comprometa a toda la sociedad”, señala la misiva.
La reforma a la Ley 701 de reconocimiento, derechos y cultura de Los pueblos indígenas que promovió el gobernador, Héctor Astudillo Flores, en 2018, sufrió un revés por parte de SCJN, y la nueva propuesta de reforma respaldada por los pueblos originarios e impulsada por 22 legisladores morenistas y una perredista, continúa en comisiones unidas presididas por el PRI y PRD.
El 2020, la Suprema Corte declaró inconstitucional e invalidó las reformas aprobadas en 2018 a las leyes 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas, y 777 del Sistema de Seguridad Pública en el juicio que promovió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), porque los ministros determinaron que no hubo de parte del gobierno estatal una consulta libre, previa, informada, de buena fe y culturalmente adecuada.
En enero del 2019, los legisladores de Morena, junto a organizaciones sociales, autoridades comunitarias y del Centros de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan dieron inicio al Parlamento para la Construcción de la Reforma Constitucional y Legal de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos de Guerrero a través de 10 foros de consulta previa, libre e informada.
El 17 de diciembre de ese mismo año, el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos del Congreso Local, el morenista Aristóteles Tito Arroyo, a nombre de su fracción, presentó los trabajos de estos foros que se tradujeron en una Reforma Constitucional y Legal.
En marzo pasado, durante la gira de trabajo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador por la entidad en pueblos amuzgos y mixtecos, el mandatario federal recibió la solicitud de los pueblos originarios, legisladores, alcaldes y organizaciones para respaldar dicha reforma.
Incluso, de manos del diputado local, Luis Enrique Ríos Saucedo recibió la iniciativa el director General del Instituto de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, quien respaldó la reforma, incluso, el propio mandatario estatal, Héctor Astudillo Flores, frente al presidente de la República se pronunció por abonar a esta iniciativa.
La CNDH ha asegurado que la reforma constitucional que se promovió a través de asambleas y foros indígenas, organizadas por Morena, dará reconocimiento integral de derechos a favor de los pueblos originarios y afromexicanos del Estado de Guerrero, dentro de los que destacan su reconocimiento como sujetos de derecho público.
Además del fortalecimiento de sus sistemas normativos con perspectiva de género, la revocación de mandato, el acceso a la jurisdicción y justicia originaria, la participación y representación política, la autoadscripción, el derecho a la consulta, el uso y disfrute colectivo de sus tierras, territorios y recursos naturales, así como sus derechos lingüísticos, por lo que urgió a que sea aprobada por el Congreso Local.