Ángel Galeana/Chilpancingo
El diputado de Morena, Jesús Villanueva Vega, propuso una iniciativa de decreto para reformar el Código Penal del estado y que se castigue con cárcel por un periodo de 3 hasta 20 años a quien de manera dolosa contagie a personas de alguna enfermedad grave.
En la sesión de este miércoles de la Comisión Permanente, el diputado Jesús Villanueva envió una propuesta para reforma el quinto párrafo del artículo 204 bis, los párrafos primero y segundo del artículo 170, adicionar las fracciones primera y segunda al párrafo quinto del artículo 204 bis, el párrafo 3 del artículo 170, y adicionar el segundo párrafo al artículo 296 del Código Penal relativos al peligro de contagio.
La iniciativa es la segunda que se propone sobre el mismo tema por diputados de Morena. El miércoles pasado el legislador Marco Antonio Cabada Arias presentó su iniciativa cuyo fin es castigar con cárcel y multas económicas a quienes de manera deliberada contagien a otras personas, en el contexto de la pandemia del coronavirus.
La iniciativa del diputado Jesús Villanueva establece que quien padezca una enfermedad grave en periodo infectante y ponga en peligro de contagio a otras personas, ya sea por relaciones sexuales y otro medio transmisible, recibirá una pena de prisión de 3 a 10 años y de 50 a 200 días de multa; incluso, cuando “el sujeto pasivo” no tenga conocimiento de la circunstancia, se le pondrá hasta la mitad de la pena.
En la propuesta, la pena sube de 10 a 20 años de prisión y multa de 100 a 500 Unidades de Medida de Actualización si la enfermedad es incurable.
También propone una pena de 3 a 6 años de cárcel y multas de 100 a 500 Unidades de Medida de Actualización a quien cometa el delito de ultraje a las autoridades, el cual se establece cuando las conductas sean contra servidores públicos que pertenezcan a sistema estatal de salud y se hagan durante el periodo que comprenda la declaración de una emergencia sanitaria o desastre natural.
La iniciativa propone la tipificación del delito de discriminación, el cual se entiende cuando sean limitados los accesos a las garantías jurídicas e indispensables para la protección de los derechos humanos, o, la conducta sea en contra de médicos, cirujanos, personal de enfermería y demás profesionales similares auxiliares del sector privado-público durante el periodo que comprensa la declaración de una emergencia o desastre natural.
La iniciativa fue leída por el secretario de la Mesa Directiva, Olaguer Hernández Flores y turnada a la Comisión de Justicia para su dictaminación.