Hipólito Lugo Cortés tiene una licenciatura en Derecho, maestría en Ciencias, Área de Derecho Público, y estudios de doctorado en Derechos Humanos. Es coordinador de la Oficina en Guerrero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Fue secretario ejecutivo, secretario técnico, visitador general, y presidente del Comité para la Investigación de la Desaparición Forzada de Personas. También se desempeñó como presidente interino en la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero.
______________________
Resulta preocupante el desarrollo que ha tenido el lamentable caso sucedido en Iguala sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre de 2014, sobre todo lo relacionado con la detención de más de un centenar de personas que fueron puestas a disposición de un juez y ante la inconsistencia de la investigación penal, o debido a la práctica de la tortura de la que fueron objeto los detenidos, casi la mitad ya han recuperado su libertad.
Ya lo decía hace un cuarto de siglo el jurisconsulto Sergio García Ramírez, que el ámbito penal es el escenario crítico de los derechos humanos, y digo yo, aún lo sigue siendo, pues la tortura no se ha erradicado y continúa perpetrándose principalmente desde los primeros momentos de una detención, que va acompañada de golpes, insultos y amenazas por parte de policías municipales, estatales y federales; así, esta mala praxis continua por los encargados de investigar delitos como lo son agentes ministeriales estatales y federales, hasta la puesta a disposición de la persona detenida ante la autoridad judicial, perpetrada con el motivo primordial de castigar y extraer confesiones o información incriminatoria; prueba de ello lo es la reciente publicación de un video en el que se aprecia al responsable de la investigación del “Caso Iguala”, Tomás Zerón de Lucio, entonces Titular de la Agencia de Investigación Criminal, en un interrogatorio con visos de tortura a un presunto responsable de esos hechos.
En la investigación de los casos en los que se alegue tortura, existe un instrumento que debe utilizarse en nuestro país para integrar los expedientes, que resulta ser el Manual de Investigación y Documentación Efectiva sobre Tortura, Castigos y Tratamientos Crueles, Inhumanos o Degradantes, comúnmente conocido como el “Protocolo de Estambul”, nombre que se le da por el lugar de su origen, en Estambul, Turquía, el cual fue presentado a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos el 9 de agosto de 1999, y adoptado por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en su Resolución 2000/43; y resulta ser el primer conjunto de normas internacionales para documentar la tortura.
El citado Manual se define la tortura de la misma manera que la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, al establecer que «se entenderá por el término «tortura» todo acto por el cual se inflijan intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona…” En nuestro país, esa denotación se recoge en términos similares en el artículo 24 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
México contrajo obligaciones legales internacionales para prevenir, castigar y asegurar la protección contra la tortura; así, en nuestra Constitución Política en sus artículos 19, 20 y 22 prohíbe los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, entre otras penas inusitadas o trascendentales y que todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones será sancionado; aunado a que establece: “Queda prohibida y será sancionada por ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura”.
La trascendente reforma constitucional del 10 de junio de 2011 afianzó esa lucha por la prohibición de la tortura y otorgó rango constitucional a las normas de derechos humanos incluidas en tratados internacionales, adoptando la obligación del Estado Mexicano de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a éstos; por lo que el Protocolo de Estambul viene a ser una herramienta trascendental para guiar las investigaciones de tortura y malos tratos, que se implementó en México a partir del año 2003, en la entonces PGR y de ahí se extendió a otras instituciones que investigan este delito.
Por lo tanto, si un agente del Ministerio Público de la Federación o del fuero común tiene conocimiento de la posible comisión del delito de tortura, sea a través la denuncia directa de la víctima, de un tercero, por documentos o vistas que le dé el Juez o Magistrado del Poder Judicial, o de algún organismo público de derechos humanos, tienen la obligación de realizar las diligencias necesarias para el esclarecimiento, y solicitar la intervención de los peritos médicos y psicólogos especializados en la aplicación del Manual, con el fin de poder documentar y correlacionar, en su caso, las manifestaciones de tortura, con los hallazgos físicos y/o psicológicos, que se encuentren en las personas a quienes se les aplique.
De acuerdo con nuestro marco normativo, las pruebas que se obtengan mediante actos de tortura en violación a los derechos humanos no pueden considerarse como tales en un procedimiento penal y por tanto no serán admisibles, pues de lo contrario, de algún modo alentaría el uso de la tortura durante una investigación criminal y se violentaría el estándar internacional de exclusión de prueba obtenida por esa mala praxis; muy probablemente eso está aconteciendo con el “Caso Iguala”.
De todo lo anterior podemos concluir que nos falta un gran trecho por avanzar y lograr contar con servidores públicos competentes y capacitados para llevar a cabo investigaciones serias, profesionales y científicas para lograr el esclarecimiento de los delitos, y que con su actuación prevengan y erradiquen la tortura y malos tratos, las víctimas lo merecen.