Carlos Navarrete Romero/ Chilpancingo, Gro.
La diputada local por Morena, Norma Otilia Hernández Martínez, presentó hoy ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso local una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado, con la que plantea castigar con entre 4 y 8 años de cárcel a quienes discriminen, agredan o se resistan al trabajo del personal médico durante una emergencia sanitaria.
En su exposición de motivos, la legisladora refirió que a partir del surgimiento de la pandemia por COVID-19 se ha estigmatizado y rechazado la figura de los trabajadores de salud, debido al constante contacto que tienen con personas infectadas de coronavirus, lo que ha generado ataques y expresiones de odio en su contra.
Recordó que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) ha recibido 97 quejas relacionadas con coronavirus desde el 19 de marzo, de las que el 18 % fueron denuncias presentadas por trabajadores de unidades médicas; aunado a ello, dijo que la Secretaría de Gobernación (Segob) reportó que durante la contingencia sanitaria para frenar el COVID-19, se han documentado al menos 47 agresiones en 22 estados del país.
En el caso particular de Guerrero, Hernández Martínez refirió que en Iguala y Petatlán se registraron en semanas recientes agresiones a personal médico y toques de queda.
Ante esa situación, presentó hoy una iniciativa de reforma al artículo 293 y al 204 Bis del Código Penal del estado, con la que plantea que a quien por medio de la violencia física o moral, se oponga a que la autoridad pública o sus agentes ejerzan alguna de sus funciones en forma legal, o resista el cumplimiento de un mandato que satisfaga todos los requisitos legales, se le impondrá de 2 a 4 años de cárcel.
Cuando la resistencia se realice durante el periodo que comprenda la declaración de una emergencia sanitaria en contra de un trabajador o funcionario que pertenezca a los servicios de salud, se le impondrán de 4 a 8 años de cárcel, independientemente de las sanciones que correspondan por cualquier otro delito.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Justicia del Congreso, donde será analizada para su posterior dictaminación.