Ángel Galeana/Chilpancingo
La diputada de Morena Erika Valencia Cardona, propuso una iniciativa que busca que los establecimientos mayores a 100 metros cuadrados ofrezcan servicio gratuito de estacionamiento a sus clientes, quienes podrán gozar de la medida con solo realizar una compra mínima.
La diputada argumentó en su exposición de motivos que muchas personas han sido víctimas de cobros indebidos de parte de los dueños de los estacionamientos, quienes, además de dar malos tratos a los clientes, no se hacen responsables de daños a los vehículos.
“Hoy los estacionamientos son una herramienta de planeación y desarrollo urbano, la existencia de los estacionamientos gratuitos, genera que las personas tengan el incentivo de utilizarlos libremente más aun elimina la posibilidad de dejar los vehículos en vía pública ante la creciente ola de inseguridad”, expuso.
La iniciativa busca reformar el artículo 102 de la Ley número 790 de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado, quedando de la siguiente manera:
“Para el caso de los establecimientos mayores a cien metros cuadrados, el servicio de estacionamiento deberá ser prestado a sus clientes de forma gratuita, acreditando únicamente haber hecho un consumo o el pago de un servicio en alguno de sus establecimientos, y deberán garantizar las condiciones de seguridad y de accesibilidad para personas con discapacidad”.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación para su dictaminación.
Por otro lado, el diputado Carlos Cruz López presentó una iniciativa que busca que un juez pueda exhortar a un deudor alimentario a cumplir con sus obligaciones y le haga saber que en caso de incumplimiento puede constituirse un delito que amerita pena de prisión.
La iniciativa pretende adicionar un párrafo al artículo 521 del Código Procesal Civil del estado, que establece que el Juez familiar exhortará a deudor alimentario a que se cumpla su obligación y le hará saber que el incumplimiento de dar alimento a las personas que tienen derecho a recibirlo puede constituir un delito que merece pena de prisión.
En caso de incumplimiento sin causa justa, el juzgador le requerirá al deudor alimentario por una sola vez el cumplimiento de entregar los alimentos y, en caso de continuar con la omisión el juzgador dará vista al Ministerio Público.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y dictaminación.