Hipólito Lugo Cortés tiene una licenciatura en Derecho, maestría en Ciencias, Área de Derecho Público, y estudios de doctorado en Derechos Humanos. Es coordinador de la Oficina en Guerrero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Fue secretario ejecutivo, secretario técnico, visitador general, y presidente del Comité para la Investigación de la Desaparición Forzada de Personas. También se desempeñó como presidente interino en la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero.
La Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra al asumir el cargo decidió instalar sus oficinas en Calle República de Cuba No. 60, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, un lugar distinto al que habían venido ocupando sus antecesores, que era el Edificio denominado “Héctor Fix Zamudio”, ubicado en Periférico Sur.
El pasado 2 de septiembre la Presidenta recibió en sus oficinas a un grupo de víctimas de violaciones a los derechos humanos, lográndose una atención conjunta con la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y con el Subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOB, trazándose rutas de seguimiento de los casos.
Al día siguiente los colectivos denominados “Frente Nacional Ni una Menos México” y “Aequuus, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos” se apersonaron en las inmediaciones de las citadas oficinas de Cuba No. 60, de la CNDH y se posesionaron de ellas, entregando en ese momento un pliego petitorio dirigido al gobierno federal, con 7 peticiones en apoyo de las mujeres como son: servicios médicos y acceso a medicamentos, entrega de despensas, programa de empleo, subsidio para la Alerta de Violencia de Género a siete estados de la República, el retiro de la campaña “Cuenta hasta Diez” y poner fin al discurso de descalificación del movimiento feminista; de estas dos últimas ya la CNDH ha emitido exhortos y recomendaciones, lo que originó el retiro de la referida campaña.
A esta acción de tomar las instalaciones se sumaron otras víctimas o familiares de éstas y colectivos, sobre todo de mujeres, que a la fecha siguen ocupando y según refieren, serán utilizadas como Casa Refugio de víctimas de violencia “Ni Una Más”.
La Titular de la CNDH llamó a un diálogo constructivo y respetuoso, y señaló que “nuestra preocupación se centra justo en el trabajo que necesitamos desarrollar en favor de las víctimas” por lo que exhortó a permitir regresar para continuar con sus responsabilidades; en repuesta refirieron que ese espacio será ocupado como refugio de víctimas, incluso dañaron pinturas de personajes históricos de México y sacaron a la calle documentos y/o expedientes que amagaron con quemarlos si no iban por ellos, documentos que fueron rescatados por personal de la CNDH.
Lo grave del asunto es que las manifestantes han expresado que no están dispuestas a dialogar, y que si se decidiera su desalojo, de ser necesario su respuesta será violenta; pero Alejandro Encinas Subsecretario de la SEGOB se ha pronunciado que bajo ningún motivo se debe prever el uso de la fuerza pública para retirar a las feministas, sino que es necesario atender sus demandas legítimas, que señala son “herencia maldita” que se ha recibido con más de setenta y cinco mil desaparecidos.
Desde el punto de vista legal, estamos en presencia de hechos que pueden ser constitutivos de delito, que se actualiza cuando varias personas de común acuerdo impidan la prestación de un servicio público que mandata la ley, como en este caso, la defensa de los derechos humanos a través de las quejas que presenten las víctimas en la CNDH; aunado a que se actualiza el supuesto de la flagrancia para la intervención inmediata de las autoridades.
Pero mucho cuidado, el caso requiere ser tratado con sensibilidad humana, no perdamos de vista que se trata de manifestantes que precisamente han sido víctimas o son familiares de ellas; sobre todo, son mujeres luchando contra la impunidad, por el derecho de acceso a la justicia, y de acuerdo con el citado pliego petitorio reclaman justas demandas que corresponde a las autoridades atender de inmediato, no como una concesión graciosa, sino como una obligación legal que tienen para su cumplimiento; sería un craso error intentar criminalizar esos hechos, cuya causa de fondo viene de tiempo atrás, ante la omisión sistemática en el cumplimiento de las funciones que debe brindar el Estado Mexicano de una eficaz seguridad pública para prevenir el delito de feminicidio; de una inadecuada procuración y administración de justicia que hace prevalecer la impunidad; por tanto, desde luego que resulta necesario privilegiar el diálogo para la solución no violenta de esa ocupación y para ello sería idónea la intervención de autoridades con facultades para tomar decisiones y den seguimiento a los acuerdos que se logren tomar.
Resulta asertiva la postura de la SEGOB de no emplear la fuerza pública para el desalojo de la sede de la CNDH, apuesto y aspiro a la intervención de los operadores políticos con autoridad moral para lograr llegar a la concertación, a los acuerdos en beneficio de las víctimas y familiares, pero sobre todo, que se les dé seguimiento y se cumplan en los hechos.