Ángel Galeana/Chilpancingo
Este jueves se presentó una iniciativa en el Congreso de Guerrero que busca regular los cobros que realizan los notarios públicos de la entidad al establecer un arancel notarial, en el que se establezcan los costos que sus servicios generen a fin de evitar que los ciudadanos acudan a un servicio basados en precio y no en la calidad de la prestación profesional.
La iniciativa fue presentada por el diputado perredista, Bernardo Ortega Jiménez, la cual propone modificar los artículos 16 y 17 y adicionar los párrafos segundo y tercero del artículo 16 de la Ley 971 del Notariado del Estado de Guerrero.
El diputado argumentó que la falta de un arancel notarial en Guerrero conlleva a una competencia desleal que, lejos de reforzar la confiabilidad de los ciudadanos, los coloca en una desventaja pues se dirige a quienes mejor oferta económica le represente, olvidándose de la seguridad jurídica del acto notarial que deba realizar.
“Surge la necesidad de que el Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría General de Gobierno, realice los estudios necesarios para que, con base en sus resultados, emitan el arancel notarial, el cual deberá ser actualizado año con año con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, y que contemple los gastos propios de una notaría, como son: renta del inmueble, salarios de abogados y colaboradores, personal auxiliar, gastos de operación, papelería oficial, y la propia remuneración del notario”, dijo.
Ortega Jiménez indicó que la Ley del Notariado del estado establece que, al no ser remunerados los notarios por el Estado, tienen derecho a cobrar a los interesados los honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios conforme al arancel autorizado por el Ejecutivo estatal, el cual determinará el costo económico del servicio de la función notarial, sin embargo, en la normativa que rige la función notarial no se encuentra la existencia de ningún arancel.
Subrayó que la autorización del arancel de los servicios notariales no debe ser una simple lista de servicios y costos, sino que debe sustentarse en estudios socioeconómicos que contengan una especificación de los costos materiales que son necesarios en la función notarial.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia que preside el diputado priista Omar Jalil Flores Majul, para su dictaminación.