Alina Navarrete Fernández/Chilpancingo, Gro.
La presidenta del Inmujeres, Nadine Flora Gasman Zylbermann, ofreció al presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Jesús Villanueva Vega, asesoramiento técnico para garantizar los derechos de las mujeres y niñas víctimas de violación, en el contexto del dictamen que elaboró la Comisión de Justicia para reformar el Código Penal estatal.
A través de una carta, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) manifestó su preocupación ante la posible aprobación del dictamen elaborado por la Comisión de Justicia del Congreso de Guerrero, con el que se pretende reformar la fracción I del artículo 159 del Código Penal del Estado, relativo a excluyentes de responsabilidad penal específicas por el delito de aborto.
La carta dirigida al diputado local de Morena, Jesús Villanueva, señala que en caso de aprobarse dicho dictamen “contravendría los más altos estándares internacionales de derechos humanos de las mujeres con los que el Estado Mexicano se ha comprometido puesto que impediría que en la entidad se garantice el derecho de las mujeres y las niñas víctimas de violación a interrumpir legalmente un embarazo no deseado producto del delito cometido contra ellas”.
El dictamen aprobado por la Comisión de Justicia del Congreso del Estado busca establecer como plazo para la interrupción legal del embarazo doce semanas de gestación, previa denuncia ante la autoridad correspondiente; que, cuando se trate de una mujer menor de edad, ésta deberá ser acompañada de sus padres, tutores o representantes legales, ante las autoridades de salud y de investigación.
Además, estipula que en caso de que el personal médico no cumpla con lo señalado, las autoridades realizarán lo conducente para fincar la responsabilidad profesional a dicho personal.
En este sentido, Gasman Zylbermann recordó que la denuncia ante las autoridades en un periodo dado “dilata y obstaculiza el acceso de las víctimas de violación a los servicios de salud y corren el riesgo de ser revictimizadas”.
Señaló que la iniciativa contraviene el marco jurídico de la NOM-046, que indica que “sólo las niñas menores de 12 años deben ser acompañadas para la prestación del servicio de la Interrupción Legal del Embarazo”.
Por otra parte, el fincar responsabilidades profesionales al personal médico que asiste a una víctima de violencia sexual “irrumpe la lógica de la ayuda y asistencia necesaria a las víctimas, establecida en la NOM 046 y en la Ley General de Víctimas”.
En conjunto, la aprobación del dictamen, en los términos actuales, “implicaría un grave retroceso para los derechos de las mujeres y las niñas víctimas de violación, dado que se incrementarán los obstáculos ya existentes en la redacción del artículo 159”.
Tampoco favorece la progresividad de derechos humanos, los derechos de las mujeres en Guerrero y no garantiza la protección más amplia de las víctimas de estos delitos.
Gasman Zylbermann puntualizó que en el Artículo 1° de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos se reconoce que están al mismo nivel los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, para proteger y garantizar los derechos de todas las personas.
En ese sentido, citó las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), entre otros que exhortan a las autoridades a que garanticen el acceso a una Interrupción Legal del Embarazo.
“Le expresamos desde el Instituto Nacional de las Mujeres nuestra preocupación al Congreso local de Guerrero por esta iniciativa de reforma al Código Penal que impacta negativamente en el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, por lo que se les convoca a comprometerse con la progresividad de los derechos humanos, a garantizar a mujeres y niñas de la entidad, el derecho a una vida libre de violencia, a la salud, a la justicia y a la vida”, se lee en la carta.