Hipólito Lugo Cortés tiene una licenciatura en Derecho, maestría en Ciencias, Área de Derecho Público, y estudios de doctorado en Derechos Humanos. Es coordinador de la Oficina en Guerrero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Fue secretario ejecutivo, secretario técnico, visitador general, y presidente del Comité para la Investigación de la Desaparición Forzada de Personas. También se desempeñó como presidente interino en la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero.
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La noche del 9 de noviembre frente al Palacio Municipal de Benito Juárez, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, hubo una flagrante violación a los derechos humanos y libertad de expresión por parte de policías municipales, quienes perpetraron actos de represión y agresión armada contra manifestantes para desalojarlos, con lo cual se excedieron en el ejercicio de su función al inobservar el procedimiento legal de los distintos niveles para el uso de la fuerza, cuando las manifestaciones públicas se tornen violentas.
Sí, como se oye, se utilizaron disparos “al aire” de proyectiles de arma de fuego para dispersar a las personas que protestaban, aunado al maltrato físico y verbal que se extendió a personas ajenas a los hechos; incluso cuatro periodistas que cubrían la movilización resultaron lesionados, dos heridos de bala y otros dos por golpes, así como ocho personas detenidas que posteriormente fueron liberadas.
Ya el Gobernador de Quintana Roo y la Titular de la SEGOB han reprobado los hechos y demandado una amplia investigación, el primero ha declarado a los medios que el director de la policía municipal de Cancún, Eduardo Santa María fue quien ordenó disparar “al aire” para dispersar a los manifestantes, acto que el secretario de seguridad pública de ese estado calificó como “una estupidez” el emplear armas de fuego.
La movilización se dio para exigir justicia por el feminicidio de Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado, joven de 20 años de edad, conocida como Alexis, quien desapareció en Cancún, Quintana Roo, el 7 de noviembre de 2020, cuyo cuerpo fue localizado el pasado domingo descuartizado en el interior de bolsas.
Es pertinente escuchar y atender las voces del movimiento feminista y un imperativo del Estado Mexicano emprender acciones eficaces para prevenir y erradicar los feminicidios y la violencia contra la mujer, y de perpetrarse esos delitos, como el lamentable caso de la referida joven, garantizar el derecho de acceso a la justicia, mediante una investigación oportuna y exhaustiva de esos hechos y llevar ante la justicia a los responsables.
Hay la urgente necesidad de privilegiar la profesionalización de los policías, mediante la capacitación basada en el respeto a los derechos humanos, en las vías no violentas para la resolución de conflictos, en medidas de negociación y conciliación, donde el uso de la fuerza y de armas de fuego solo sea la excepción.
Quienes ejercen la función de brindar seguridad pública deben saber que, de acuerdo con los estándares del sistema interamericano de derechos humanos, durante el desarrollo de manifestaciones o protestas sociales, los policías sólo pueden hacer uso de la fuerza estrictamente necesaria y con la finalidad de proteger a las personas presentes en la manifestación.
Debe eliminarse la utilización de instrumentos letales, como lo son las armas de fuego para dispersar manifestaciones públicas; pues producir disparos de armas de fuego con la intención de dispersar a las personas manifestantes, se apartan evidentemente del cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley Nacional del Uso de la Fuerza.
De igual manera, en este caso de represión policial se debe evitar la impunidad, y no basta poner sobre la mesa una renuncia, si no llevar a cabo una investigación al personal policial que participó directamente en los hechos, así como a sus superiores jerárquicos quienes incumplieron con su obligación de supervisar y verificar el empleo de la fuerza pública que ejercieron sus subordinados, con lo cual infringieron la ley y deben ser sancionados en términos de las disposiciones legales civiles, penales y administrativas correspondientes; aunado a emprender acciones positivas para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la libertad de expresión y manifestación, que son pilares fundamentales de toda sociedad democrática.