Hipólito Lugo Cortés tiene una licenciatura en Derecho, maestría en Ciencias, Área de Derecho Público, y estudios de doctorado en Derechos Humanos. Es coordinador de la Oficina en Guerrero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Fue secretario ejecutivo, secretario técnico, visitador general, y presidente del Comité para la Investigación de la Desaparición Forzada de Personas. También se desempeñó como presidente interino en la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero.
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Se ha cumplido un año de la toma de protesta de María del Rosario Piedra Ibarra al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, (CNDH), a partir de aquel 12 de noviembre de 2019, en un escenario de inconformidad de senadores opositores al partido morena; así asumió el cargo como titular de un organismo público autónomo, cuya función sustantiva lo es el promover y defender los derechos humanos, recibir quejas, investigar presuntas violaciones a los derechos humanos y emitir recomendaciones a las autoridades como un mecanismo de lucha contra la impunidad.
Tarea de colosales dimensiones en un país en el que, por ejemplo, las detenciones arbitrarias, los tratos crueles, inhumanos o degradantes, la tortura y los abusos de poder, sobre todo de los integrantes de las dependencias de seguridad pública y fiscalías federal y locales fue el pan de cada día, en aras de presentar resultados, pero en detrimento de los derechos humanos de los ciudadanos agraviados quienes tenían el infortunio de estas malas prácticas, que lamentablemente no se han erradicado.
Sin duda que se ha logrado avanzar en el reconocimiento y respeto a los derechos fundamentales en México, y la CNDH ha contribuido en gran medida en este avance; así paulatinamente se han dado cambios importantes en los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales.
A esa espiral de cambios se suma la actual titular, y ha establecido de manera clara los objetivos prioritarios del organismo en el Plan Estratégico Institucional 2020–2024, que se centran en privilegiar la atención a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y en el acompañamiento a los colectivos que se han conformado para reivindicar sus derechos; esto me resulta acertado, pues la actuación de este tipo de instituciones se debe centrar en las víctimas, visibilizarlas, pero que no solo quede en buenas intenciones, sino que realmente se lleve a la práctica.
Ha sido un año de aprendizaje, de asimilar lo difícil que es en México defender los derechos humanos, del reto que representa al exterior del organismo fortalecer la cultura por el respeto a éstos; y al interior de la institución, hacer más eficiente, eficaz y profesional la actuación de su personal; superar la inconformidad que ha generado la implementación del ajuste del presupuesto, que tiene su origen en la austeridad republicana en los gastos, pues se eliminaron y dejaron de entregar a los trabajadores diversos bonos e incentivos; medidas que afectan el ingreso económico de los visitadores adjuntos encargados de investigar e integrar los expedientes de queja.
De igual manera se han dado cambios de titulares de las áreas al interior de la institución, así también abdicaron los recién designados directores generales de la primera y sexta visitadurías generales y se nombraron a sus sustitutos; culminó sus funciones la oficina especial para el caso Iguala y se ha creado una oficina especial que se encarga de la investigación de las desapariciones forzadas del pasado reciente, con el objeto de investigar el paradero de las personas desaparecidas bajo el principio de presunción de vida y conocer la verdad de lo sucedido.
Vale mencionar que aún está pendiente una transformación de fondo de la CNDH, que ya transcurrió un año de asumir el cargo su titular, que ya han pasado dos años del actual sexenio, que le faltan cuatro años, bueno, tres, pues el último es año electoral y cambian las prioridades.
Luego entonces, el tiempo pasa y ojalá y en esos tres años se logre transformar en una auténtica defensoría del pueblo con sustento en reformas constitucionales y legales, y no solo con reformas mediáticas como las que propuso la semana pasada la bancada priísta de senadores, al argumentar que ante una regulación inadecuada e imprecisa, se debe reformar la ley para eliminar los acuerdos parlamentarios y establecer expresamente los requisitos para ser titular del organismo…pero insisto en que se requiere una transformación legal de fondo.