Alina Navarrete Fernández/Chilpancingo, Gro.
Ante la posibilidad de que en el contexto de la pandemia del Covid-19 se haga mal uso de material médico, el Congreso del Estado aprobó la reforma al Artículo 284, sobre el Delito de Peculado, del Código Penal de Guerrero, de manera que a los funcionarios que incurran en la malversación de recursos destinados a la salud pública se les pueda aplicar hasta un tercio más de las sanciones vigentes.
Este martes se publicó en el Periódico Oficial el Decreto 467 por el cual se aprueba la reforma propuesta a la Comisión de Justicia del Congreso del Estado por el diputado local de Morena, Moisés Reyes Sandoval, quien argumentó que durante la contingencia sanitaria “no ha faltado quien busque sacar provecho de los equipos médicos para la atención del virus, teniendo por objeto el robo y venta de los mismos”.
Además, Reyes Sandoval dijo que en el país se han registrado hurtos de ventiladores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), e incluso la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tiene diversas investigaciones en curso por presunto robo y desvió de material médico, desde el interior de las bodegas del IMSS y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Se explicó que “peculado” es la conducta de malversación de caudales públicos cometida por funcionarios; en el último párrafo del artículo correspondiente en el Código Penal se indicaba que: “Cuando los recursos materia del peculado sean aportaciones para los fines de seguridad pública, se aplicará hasta un tercio más de las penas señaladas en los párrafos anteriores”.
Con la reforma, la nueva disposición es: “Cuando los recursos materia del peculado sean aportaciones para los fines de la seguridad pública o de la salud pública, se aplicará hasta un tercio más de las penas señaladas en los párrafos anteriores”.
La reforma entrará en vigor a partir de este miércoles. De acuerdo con el Código Penal de Guerrero, los funcionarios que comentan el delito de peculado podrían pasar de dos a seis años de prisión y pagar de cien a trescientos días multa; en caso de caso de que el monto o valor exceda de mil veces el salario mínimo, se impondrán de seis a dieciséis años de prisión y de trescientos a ochocientos días multa.