Carlos Navarrete Romero/ Zirándaro, Gro.
En 2019 la violencia generada por dos grupos de la delincuencia desplazó a cientos de familias de Zirándaro de los Chávez. Sin embargo, en marzo de este año, de manera gradual, quienes huyeron han regresado para tratar de restablecer sus vidas.
De acuerdo con el gobierno municipal, el 70 % de los desplazados retornó a sus comunidades tras la disminución de la violencia gracias a la presencia de la Guardia Nacional y, en parte, al confinamiento por el COVID-19.
En noviembre del año pasado la realidad de Zirándaro era alarmante: pueblos fantasmas, familias desplazadas y una comunidad que se levantó en armas para tratar de defenderse del narco.
El alcalde, Gregorio Portillo Mendoza, asegura que de las 3 mil personas que se contabilizaron como desplazadas, únicamente 800 no han regresado por diferentes circunstancias, además por lo menos cien personas de ese municipio solicitaron asilo político a Estados Unidos para huir de la violencia, aunque el edil no tiene certeza de a cuántas les fue concedida.
“Quienes no han regresado seguramente ya no lo harán, por una u otra circunstancia, ya sea porque encontraron trabajo en otro lugar, o sus hijos están estudiando en otro lado”.
En Los Alacranes -comunidad que en la que se registró el primer enfrentamiento violento el año pasado y que quedó prácticamente vacía- el 50 % de los pobladores ya está de nueva cuenta en sus viviendas. Pero el proceso no ha sido fácil.
Andrea, habitante del lugar, dijo que en marzo pasado regresaron las primeras personas al pueblo, incluida ella. Tomaron esa decisión porque les estaban robando todo: refrigeradores, muebles, trastes y hasta las láminas que servían de techo para sus casas.
Regresaron solos. Pese a que en reiteradas ocasiones elementos del Ejército y de la Guardia Nacional pasaron por la comunidad, éstos nunca detuvieron su paso para ofrecer resguardo a los pocos que se animaron a retornar.
En lugar de recibir apoyo del Ejército fueron maltratados, pues los militares los acusaron de proteger o trabajar para la delincuencia sólo por haber regresado.
La vivienda de Andrea quedó completamente vacía, por ello decidió mudarse a casa de su hermano, donde los delincuentes que sitiaron la comunidad dejaron algunas cosas.
El principal reto ha sido hacerse de nueva cuenta de artículos de primera necesidad. Situación que es aún más complicada ante la falta de apoyos del gobierno municipal, estatal y federal, pues desde hace tres meses no reciben ni una despensa.
San Rafael es otro de los pueblos que también fue desplazado. A la fecha la mitad de sus habitantes ya regresó.
Dioselina, una mujer que en enero huyó de ahí junto a su familia, recordó que desde noviembre del año pasado los maestros dejaron de subir al pueblo por miedo a quedar en medio del fuego cruzado.
Regresó en marzo cuando las condiciones mejoraron, sin embargo casi de inmediato se decretó la emergencia sanitaria en el país por el COVID-19, por lo que los maestros ya no volvieron más a la comunidad.
Para ella, quen tiene una tienda de abarrotes en el pueblo, ha sido complejo adaptarse a la nueva normalidad, toda vez que debe recuperarse de las pérdidas económicas que le generó la violencia, y a la par ayudar a sus hijos con sus clases virtuales.
“Yo sentí que me iba a volver loca, porque es todo un relajo esto de las clases a distancia. Hay que estar muy al pendiente de las clases y ayudar a los hijos. Entonces me empezó a generar mucho estrés, sentía nervios, tenía dolor intenso en la nuca, pero me he ido adaptando”.
Dice que concluyó solamente la secundaria, por lo que sus conocimientos son limitados, y eso complica el proceso de aprendizaje de sus hijos. Pese a ello, seguirá intentando.
“Aquí no paran las tragedias. El año pasado no tuvimos navidad por la violencia, y ahora no tendremos navidad por la enfermedad esa”.