Carlos Navarrete Romero/ Chilpancingo, Gro.
Este miércoles, el Congreso local aprobó por mayoría de votos la creación de una Comisión Especial que dará seguimiento a la situación del municipio de Ayutla de los Libres, donde hay señalamientos de presuntas irregularidades financieras del Concejo Municipal Comunitario.
La propuesta fue presentada en la primera de las dos sesiones que celebró este día el Poder Legislativo por el diputado de Morena, Alfredo Sánchez Esquivel, quien en su exposición de motivos indicó que la intención de crear esa comisión es evitar una crisis y prevenir futuros conflictos, pues consideró que hay un ambiente de inestabilidad política, económica y social en Ayutla.
Recordó que el pasado 12 de noviembre, Longino Julio Hernández Campos y Guadalupe Ramírez Bazán, coordinadores del Concejo Municipal Comunitario, informaron al Congreso la destitución del también coordinador, Isidro Remigio Cantú.
Sánchez Esquivel mencionó que tras ese hecho, el 26 de noviembre acudió a una Asamblea en la que se hablaría del tema, con la presencia de comisarios, representantes de los diferentes poblados y los coordinadores del Concejo Municipal, sin embargo ésta no pudo desarrollar de manera formal.
Pese a ello, el diputado indicó que varios ciudadanos aprovecharon el encuentro para denunciar irregularidades en el manejo de los recursos por parte del Concejo.
“Varios ciudadanos de manera personal y pidiendo su anonimato y pidiendo guardar las formas, me pidieron que trajera a esta soberanía denuncias por recursos públicos que fueron manejados de manera no transparente (…) de manera pública y reiterada, en participaciones previo al inicio de la asamblea, tomaron la palabra muchos ciudadanos y autoridades pidiendo que la Auditoría Superior del Estado (ASE) pusiera en marcha una auditoría a los recursos públicos del municipio”.
Comentó que ante esos señalamientos, solicitó al titular de la ASE, Alfonso Damián Peralta, que le explicara la situación de ese municipio. Al respecto, mencionó que de los recursos ejercidos en el periodo 2018-2019, por un monto de 357 millones de pesos, sólo se comprobaron 21 millones; mientras que de los 73 millones que cuesta la nómina, no se ha comprobado “un solo peso”.
De igual forma refirió que en días pasados fue asesinada la contralora del municipio de Ayutla, “en un acto reprobable, atroz”.
Ante ese escenario, el legislador morenista indicó que es necesaria la intervención del Congreso local, por lo que propuso la creación de una Comisión Especial que sirva para solicitar a los coordinadores del Concejo Municipal que informen la situación administrativa, legal y de seguridad pública de Ayutla.
“Se tiene que explicar dado que estos sucesos han ocurrido y golpean directamente el tema que tiene que ver con la transparencia y con la rendición de cuentas que tienen que emitir estos poderes”.
Previo a la votación de la propuesta intervino el diputado, también de Morena, Aristóteles Tito Arroyo, quien motivó su voto en contra, argumentando que cualquier intromisión del Congreso en las decisiones internas del Concejo Municipal es inconstitucional, pues se violentaría el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación.
“No podemos soslayar que el Concejo Comunitario se rige por usos y costumbres, y que este sistema normativo propio tiene como máxima jurídica la autonomía y libre determinación de los pueblos, lo cual es un derecho reconocido de los pueblos indígenas a decidir su organización aplicando sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de conflictos internos de acuerdo a sus usos y costumbres. No establece la Constitución la posibilidad de que el Poder Legislativo intervenga en las decisiones internas de los gobiernos municipales”.
Afirmó que la propuesta presentada por su compañero de bancada era inviable porque presuntamente carece de justificación jurídica, y advirtió que “los acuerdos de este poder no pueden estar basados en intereses meramente personales y políticos”.
Indicó que si existen inconsistencias en el manejo del presupuesto, en todo caso el deber del Congreso es ordenar a la ASE realizar los procedimientos de responsabilidad señalados en la ley de fiscalización y determinar las acciones legales correspondientes.
Finalmente, el proyecto propuesto por Sánchez Esquivel fue aprobado por mayoría de votos del pleno.