El umbral del 2021 y el Covid-19

Hipólito Lugo Cortés tiene una licenciatura en Derecho, maestría en Ciencias, Área de Derecho Público, y estudios de doctorado en Derechos Humanos. Es coordinador de la Oficina en Guerrero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Fue secretario ejecutivo, secretario técnico, visitador general, y presidente del Comité para la Investigación de la Desaparición Forzada de Personas. También se desempeñó como presidente interino en la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero.

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Estamos en el inicio del 2021, ha terminado un año caracterizado de experiencias negativas en nuestro quehacer cotidiano, de retroceso en la vigencia de los derechos humanos, sobre todo en materia de salud pública, al relegar a segundo plano las citas médicas, las consultas con especialistas, las cirugías, el desabasto de medicamentos, inadecuada atención a derechohabientes con enfermedades crónico-degenerativas, etc.
 
De igual manera la emergencia sanitaria ha afectado la economía, la educación, el derecho al trabajo, a la alimentación y no discriminación; sobre este tema sin duda que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene la razón al señalar que esos impactos los han asumido en su gran magnitud los grupos vulnerables, pobres, migrantes, trabajadores con empleos precarios, personas en situación de calle, personas con enfermedades crónico degenerativas, los pueblos indígenas y las comunidades campesinas.
 
Las autoridades municipales, estatales y federales son las obligadas a proteger con efectividad esos derechos humanos, a garantizar las condiciones para su vigencia plena, con una atención prioritaria a aquellas personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad; a la vez, la pandemia ha hecho evidentes las debilidades del estado mexicano en el sector salud en materia de disponibilidad de instalaciones, bienes y servicios sanitarios para asegurar el derecho a la vida y a la salud.
 
En este año que comienza poco a poco transitamos de una vida de temor, a una vida de autocuidado sanitario para así a la vez cuidar a los demás, también se ha dado el paso de un estado de emergencia a un proceso de vacunación gradual, que esperemos en aras de garantizar el derecho a la salud consagrado en el artículo 4º de nuestra constitución política federal, se brinde acceso de manera universal y gratuita a todos los mexicanos.
 
Recordamos que en este escenario las autoridades sanitarias de nuestro país establecieron un sistema de monitoreo para la regulación del uso de espacios públicos –abierto y cerrado-, basado en el riesgo de contagio de COVID-19, denominado semáforo de riesgo epidemiológico y corresponde a los estados la obligación de mantener actualizados los sistemas de información respectiva y este semáforo se orienta mediante colores.
 
Así, en el rojo sólo se autorizan las actividades económicas esenciales, en el cual las personas pueden salir a caminar alrededor de sus domicilios durante el día; en el naranja, donde aunado a esas actividades se permiten las no esenciales con el 30% del personal, y los espacios públicos con un afluencia reducida; en el amarillo, todas las actividades laborales están permitidas, el espacio público abierto se abre de forma regular, y los espacios públicos cerrados se pueden abrir con aforo reducido; por último está el verde, en el cual ya se permiten todas las actividades.
 
Me llama la atención la decisión tomada por las autoridades de Guerrero para el cambio de semáforo epidemiológico del naranja al amarillo, de manera diferenciada para Acapulco, Chilpancingo y Zihuatanejo, solo en la época navideña y de fin de año, donde evidentemente se privilegió la cuestión económica para la reactivación de las actividades y no basado en el riesgo de contagio frente a una epidemia activa para tomar esa decisión, como debió de ser; y eso también se evidencia, con el regreso al naranja el lunes pasado.
 
La paradoja lo es, que la Ciudad de México en esos días estuvo en semáforo rojo –y aún lo está-, al tener una ocupación hospitalaria del 86% así como una tendencia al alza en contagios y muertes por Covid-19; y por tradición al ser fieles a Acapulco, los capitalinos se han caracterizado por ser nuestros principales visitantes y se dejaron venir; ciertamente no estamos en un “toque de queda” y no se les puede prohibir que vengan, como lo sostiene el gobierno del estado; así que, esperemos que en Guerrero no se dé una intensidad epidémica que redunde en una tendencia en la hospitalización y en el incremento lamentable de las defunciones, pues a la fecha llevamos 26,308 casos confirmados y 2,733 decesos, y es nuestro deseo que no traiga como consecuencia el rebrote de la epidemia en los próximos días, ya veremos.
 
En el contexto planteado hay una evidente colisión de derechos humanos, ¿cuál debe prevalecer?… el derecho al trabajo, al esparcimiento, al libre tránsito, o el derecho a la vida y a la salud.
 
 

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