Hipólito Lugo Cortés tiene una licenciatura en Derecho, maestría en Ciencias, Área de Derecho Público, y estudios de doctorado en Derechos Humanos. Es visitador de la Oficina en Guerrero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Fue secretario ejecutivo, secretario técnico, visitador general, y presidente del Comité para la Investigación de la Desaparición Forzada de Personas. También se desempeñó como presidente interino en la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero.
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El lunes leí una nota en este medio que hacía referencia a lo declarado por el diputado y recién designado presidente de la junta de coordinación política del congreso de Guerrero, Alfredo Sánchez Esquivel, en el sentido de tener como prioridad el abatir el rezago legislativo y reactivar diversas iniciativas, así como agilizar los nombramientos pendientes; casos que han colocado al congreso ni más ni menos que en el supuesto de evidente omisión legislativa que no merecemos los guerrerenses, espero se cumpla con ese cometido.
Colosal reto que se fija al hacer un llamado a los diputados para “trabajar juntos para superar los rezagos” y para dejar de lado las divisiones partidistas o de grupo; lo que vislumbro lejos de cumplirse, pues estas características les son inherentes, no hay que ser ingenuos para creer que no se politizan los asuntos que conocen, pues esto acontece con todo lo que pasa por el tamiz del congreso, máxime tratándose de nombramientos, ello más allá de asumir el compromiso de anteponer el interés de cumplirle al pueblo que “representan”.
Así refirió que desde junio de 2019 tienen pendiente la designación del titular de la comisión de derechos humanos de Guerrero; esto es, más de año y medio de incumplir con su mandato legislativo y dejar de lado el compromiso democrático para mantener a la comisión en una evolución constante al no abrir expectativas de renovación con el cambio de titular de esa institución.
Ojalá que en ese procedimiento para la designación del nuevo titular de la comisión estatal de derechos humanos no prevalezca el simple oportunismo político, que afectaría la garantía de independencia al verse gravemente comprometida cuando la designación del funcionario obedece a motivos políticos, dada la lógica reacción humana del funcionario que tendería a congraciarse con el que lo designó; y, en cambio, la aspiración es de que se consideren factores de objetividad, capacidad y mérito; personas responsables, preparadas técnicamente, dotadas de conocimientos jurídicos que le permitan interpretar la realidad social y que para la designación se tome en cuenta, vía consulta pública, la opinión de los organismos civiles que conocen del tema, en observancia a los principios que regulan las constituciones políticas federal y local.
Dejar de lado el azar, la improvisación y el favoritismo que propicia ineficacia; siendo recomendable que la persona a designar como titular, además del perfil anterior, también esté provista de sensibilidad para con las víctimas, colectivos y organizaciones de la sociedad civil, que cuente con conocimientos especiales, a efecto de que pueda cumplir con decoro y eficacia la delicada función que se le encomendará en beneficio del pueblo de Guerrero.
Ya nuestra legislación contempla el mecanismo a seguir para la selección de quien deberá ocupar el cargo de Ombudsman-Ombudswoman-Ombudsperson o simple y llanamente presidente o titular de la citada comisión.
Corresponderá a las y los diputados asumir el compromiso legal de eliminar esa omisión en la que están incurriendo y emitir la convocatoria en la que se retomen esos criterios de selección y detallarlos, en los cuales se tome en cuenta la necesidad de brindar a la sociedad la prestación de un servicio de defensa de los derechos humanos a través de personas preparadas técnicamente, y con un alto sentido de percepción de los conflictos sociales sobre los cuales deben pronunciarse en esa delicada función.