Alina Navarrete Fernández/Chilpancingo, Gro.
“Las autoridades no nos han informado de estas declaraciones y si se está desarrollando una línea de investigación a ese respecto”, dijo el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, del testimonio de “Juan”, el testigo protegido que afirmó que los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron detenidos y posteriormente asesinados por militares y sicarios.
Este miércoles, el periódico Reforma publicó las declaraciones de “Juan” ante la Fiscalía General de República (FGR); antes, en julio del año pasado, la revista Proceso dio a conocer el relato del mismo testigo protegido que aseguró que los 43 normalistas fueron interrogados, para luego ser destazados, incinerados y disueltos en ácido por Guerreros Unidos en colusión con militares.
Al respecto, el representante legal de las madres y padres de las víctimas, Rosales Sierra informó en una entrevista telefónica con Réplica que, a pesar de que “Juan” se presentó ante la FGR el 10 de febrero del 2020, oficialmente el Gobierno Federal no ha informado sobre ese testimonio a los familiares.
“La exigencia que tenemos ahora hacia el Gobierno Federal es que se pueda dilucidar y se pueda profundizar en esta línea de investigación pues es muy grave lo que declara esta persona”, dijo el abogado.
Rosales Sierra consideró que, de estar sustentados los señalamientos de “Juan” con otros medios de prueba, la investigación del caso Ayotzinapa tomaría otro camino debido a que está comprometido de manera directa, “ahora sí”, el Ejército Mexicano.
Señaló que este tipo de noticias tiene un impacto en los familiares, aunque en esta ocasión, al tratarse de un tema que ya conocían, la afectación emocional fue menor; por otra parte, declaró que la próxima reunión que tendrán con las autoridades está programada para marzo.
Mientras tanto, las madres y padres de los normalistas desaparecidos convocaron a la LXXVI Acción Global por Ayotzinapa el próximo 26 de enero, de manera virtual; sin embargo, ante las circunstancias, Rosales Sierra advirtió que los familiares podrían cambiar de opinión y marchar nuevamente en la Ciudad de México.
En un comunicado firmado por Tlachinollan, Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Servicios y Asesoría para la Paz y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, los defensores de derechos humanos lamentaron la filtración de la investigación que está en curso.
“Preocupa el daño que esto pueda hacer a la investigación. Nuestra solidaridad con las familias por el dolor que estas filtraciones genera”, expresaron.
Añadieron que “la evidencia reunida hasta ahora confirma que en la red criminal involucrada participaron no solo policías municipales (de Iguala), sino también funcionarios estatales y federales, incluyendo en estos últimos a policías federales y militares”.
Recordaron que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes recomendó al Gobierno Federal “no basar las conclusiones de la investigación solo en testimonios, sino en pruebas científicas”, por lo que ya exigieron, como coadyuvantes del proceso, que se agoten todas las líneas posibles.
Finalmente resaltaron que, en tanto no sea esclarecido el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa y no se sancione a todos los actores involucrados en su desaparición forzada, “el caso no puede darse por cerrado”.