Alberto Gómez/ Chilpancingo, Gro.
Poco más de 40 profesores integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) bloquearon los dos carriles de la avenida Ruffo Figueroa, en Chilpancingo, para exigir la destitución del director de la secundaria “Wilfrido Massieu”, Alejandro Carreto Mota y la incorporación de más de 4 mil trabajadores al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE).
Minutos después de las 12 del día, los cetegistas se concentraron a la altura de las oficinas centrales de la Secretaría de Salud (SSa) y bloquearon con cuerdas y lonas ambos carriles impidiendo la circulación a los automovilistas y del transporte público.
En el lugar, la secretaria general de la delegación DIII-16-02, de la CETEG, Reyna Bello de Jesús, informó que una de las principales exigencias de la manifestación es la salida del director de la secundaria, quién está acusado de violentar los derechos de los maestros de esa institución.
“El tema de la Wilfrido no se ha resuelto, al director lo han corrido de varias escuelas, lo corrieron de Las mesas, lo corrieron de Mezcala, en la Galo se confrontó y ahora lo premian dándole la dirección de la Wilfrido, sus políticas priístas que aplican cien por ciento nos están afectando”.
Bello de Jesús lamentó que con el nuevo cambio de secretario de educación se frenen los avances de los planteamientos que tienen como coordinadora, “es como si recibieran nuevamente el planteamiento nuevo, cuando el proceso para nosotros sigue, sea Juan, Pedro el que supla, le tiene que dar seguimiento a los compromisos”.
La dirigente de la CETEG indicó que gracias al plantón que realizaron en la Secretaría de Esucación Pública (SEP), en la ciudad de México, se logró conseguir un estímulo a la jubilación, para que todos los que deseen retirarse con dicho incentivo lo hagan y en los espacios que queden vacíos se pretende incorporar a compañeros al FONE.
Por último, los cetegistas manifestaron su rechazo a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la “imposición ilegal” de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).