Ángel Galeana/Chilpancingo
Por el incremento de feminicidios en el país y el alto porcentaje de impunidad generado por las autoridades encargadas de procurar justicia, los diputados Mariana García Guillén y Marco Antonio Cabada Arias propusieron sancionar hasta con 12 años de prisión a funcionarios públicos que entorpezcan investigaciones abiertas o filtren al público información.
En la sesión de este día, la diputada María García ejemplificó que el exfiscal de Guerrero, Xavier Olea Peláez publicó información sobre una carpeta de investigación en curso sobre la presunta violación de Félix Salgado Macedonio, y la filtración de fotografías del cadáver «una famosa tarotista», en referencia a la bruja Mamemije, asesinada en junio de 2019.
La diputada señaló los feminicidios han aumentado 145 % en los últimos 6 años, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y hay un 95% de impunidad de esos casos.
En ese contexto indicó que uno de los primeros pasos para cambiar la realidad es revertir la naturalización de la violencia contra las mujeres, garantizar su acceso a la justicia y fomentar las denuncias, sin embargo, indicó que las mismas autoridades son quienes revictimizan las mujeres.
En ese sentido, propuso modificar el párrafo cuarto del artículo 135 del Código Penal del Estado, para que se castigue con entre 3 y 8 años de prisión a los servidores públicos que entorpezca una investigación o filtren fotos, audios, videos, y documentos.
En el supuesto que los servidores públicos estén relacionados con actividades policiales, su pena de cárcel aumentará en una mitad.
Además propone la inhabilitación de 3 a 10 años para ocupar cargos públicos y una multa de 500 a 1,500 el valor de la Unidad de Medida de Actualización.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su dictaminación.
En la segunda sesión de este viernes, los diputados aprobaron la reforma constitucional al artículo 30 en materia de nacionalidad, que les fue turnada por el Congreso de la Unión, en la cual se reconoce a los hijos de padres mexicanos nacidos en el extranjero con identidad y nacionalidad en este país.
El presidente de la Comisión dictaminadora de la minuta, Bernardo Ortega Jiménez, consideró que hubo una importante visión de diputados federales al suprimir de la Constitución la hipótesis que condicionaba a la adquisición de la nacionalidad mexicana de quienes nacen en el extranjero a que sus progenitores hubieran nacido en territorio nacional.
«Esa supresión permitirá que la ampliación de quienes hayan nacido en el extranjero se reconozcan como mexicanos por sus raíces costumbres idioma y cultura», indicó.
El Congreso también aprobó diversas reformas constitucionales referentes al funcionamiento del Poder Judicial de la Federación.