Derecho a la verdad en violaciones graves a los derechos humanos

Hipólito Lugo Cortés tiene una licenciatura en Derecho, maestría en Ciencias, Área de Derecho Público, y estudios de doctorado en Derechos Humanos. Es visitador de la Oficina en Guerrero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Fue secretario ejecutivo, secretario técnico, visitador general, y presidente del Comité para la Investigación de la Desaparición Forzada de Personas. También se desempeñó como presidente interino en la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero

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El 21 de diciembre de 2010, Naciones Unidas proclamó el 24 de marzo como el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas.

Es de destacarse la importancia que tiene el conocer la verdad en tratándose de violaciones graves a los derechos humanos, tanto para la sociedad y, especialmente, para los familiares de las víctimas; pues sólo con la verdad se podrán conocer las causas de la violencia, identificar las circunstancias que hicieron posible que dichas violaciones sucedieran, investigar las mismas para establecer la responsabilidad de los autores o encubridores, con el fin de logar el juzgamiento, proponer una política de reparaciones, así como evitar, a fin de cuentas, que hechos similares vuelvan a cometerse, como una garantía de no repetición.

Vale mencionar que el derecho a la verdad se ha venido desarrollando en la doctrina y jurisprudencia interamericana, como una facultad de dar a conocer la verdad acerca de las violaciones manifiestas a los derechos humanos, haciendo referencia a un derecho autónomo e inalienable, vinculado a la obligación y el deber del Estado de proteger y garantizar los derechos humanos, realizar investigaciones eficaces y velar para que haya recursos efectivos y se obtenga reparación.

La conmemoración de este día internacional pretende hacer énfasis en la importancia del derecho a la verdad y la justicia de las víctimas de violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos y promover la memoria de las víctimas.

Se ha considerado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el derecho a la verdad es imprescriptible y, por tanto, se deben aclarar los actos violatorios a los derechos humanos que sean reclamados por la sociedad, a la vez que seguirá configurándose como un derecho inalienable que debe imperar en todo Estado democrático de derecho.

Así, la Corte ha reconocido que el derecho a conocer la verdad de los familiares de víctimas de graves violaciones de derechos humanos se enmarca en el derecho de acceso a la justicia; ha fundamentado la obligación de investigar como una forma de reparación, ante la necesidad de reparar la violación del derecho a conocer la verdad en el caso concreto.

Incluso en cumplimiento de sus obligaciones el Estado debe garantizar el derecho a conocer la verdad, y se ha establecido la obligación de la divulgación pública de los resultados de los procesos penales e investigativos, al igual que establecer comisiones de la verdad para el esclarecimiento de hechos y la determinación de responsabilidades y que a la vez contribuyan a la construcción y preservación de la memoria histórica.

Sobre este tema, tenemos dos antecedentes en Guerrero, donde se creó en un primer momento la Comisión de la Verdad para conocer los hechos de la Guerra Sucia, y la creación sui generis de la Comisión de la Verdad en el “Caso Iguala”, ambas se refieren a casos de violaciones graves a los derechos humanos, donde la primera ya concluyó sus trabajos y la segunda ha generado muchas expectativas de lograr avanzar en el esclarecimiento total de los lamentables hechos donde fueron víctimas de violaciones de lesa humanidad los alumnos de la escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, así como llegar a la verdad de lo acontecido y lograr el juzgamiento de los perpetradores.

La esperanza por conocer la verdad sobre violaciones graves a los derechos humanos de los hechos sucedidos en el “Caso Iguala” y esclarecer el paradero de los jóvenes es un reto impostergable del estado mexicano, y un derecho cuyo cumplimiento aún está pendiente y se hace patente en este día.

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