Red de defensoras y defensores de derechos humanos, un pendiente en Guerrero

Hipólito Lugo Cortés tiene una licenciatura en Derecho, maestría en Ciencias, Área de Derecho Público, y estudios de doctorado en Derechos Humanos. Es visitador de la Oficina en Guerrero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Fue secretario ejecutivo, secretario técnico, visitador general, y presidente del Comité para la Investigación de la Desaparición Forzada de Personas. También se desempeñó como presidente interino en la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero

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Del 7 al 9 de octubre de 1991, se reunieron en París Francia, diversas defensoras y defensores de derechos humanos del mundo, que estaban integrados en las instituciones públicas así como en las organizaciones no gubernamentales o también conocidas como de la sociedad civil dedicadas a ese tema; estuvieron acompañados por Naciones Unidas, dicha reunión tuvo como objetivo el intercambiar opiniones y experiencias del contexto existente sobre el funcionamiento de los organismos de derechos humanos.

El evento fue propicio para que los ahí presentes formularan recomendaciones relacionadas con la importancia de la función y papel que desempeñan, así como la estructura de las instituciones de derechos humanos, dichas directrices se conocen como los Principios de París, que posteriormente fueron adoptados por la ONU en marzo de 1992, cuyos fines siguen vigentes.

Tales principios en este momento adquieren relevancia en Guerrero, con motivo del proceso iniciado para designar al presidente de la comisión estatal de derechos humanos, cuya responsabilidad recae en el Congreso local.

Es así que esas directrices refieren tocante al rubro de la composición de estos organismos, que deben estar permeados de las garantías de independencia y pluralismo, se recomendó que el nombramiento de los miembros de estas instituciones, se deberá ajustar a un procedimiento que ofrezca todas las garantías necesarias para asegurar la participación de la sociedad civil interesada en la promoción y protección de los derechos humanos, a través de un proceso transparente en una consulta amplia en el proceso de selección y nombramiento.

Por mala praxis política en México, se ha acostumbrado que para los puestos de este nivel se privilegie esa designación mediante un proceso de responsabilidad compartida, de “valores entendidos” entre integrantes del Poder Ejecutivo de la entidad federativa respectiva y los congresos locales, ello materializado con la postulación de una candidatura “oficial”, haciendo a un lado la opinión de los defensores civiles de derechos humanos, con las consecuencias inherentes de falta de autonomía e independencia, características tan necesarias en los tiempos actuales de apertura democrática, con resultados ineficaces en la defensa y protección de los derechos fundamentales, ante un titular “a modo”; lo que esperamos no suceda aquí, pues eso no conviene ni merecen los guerrerenses.

Para lograr avances significativos y provocar un cambio es apremiante que se fortalezca la iniciativa de participación de las diferentes organizaciones civiles que trabajan con metas comunes en materia de derechos humanos, para levantar una voz colectiva, para desarrollar mecanismos y estrategias de participación en este proceso y realizar actividades conjuntas de comunicación, generando solidaridad entre éstas y un movimiento en el que se involucren, para lograr que esos Principios de Paris sean una realidad en Guerrero; y, en un futuro próximo puedan utilizar los servicios que presta una institución de derechos humanos como una herramienta que venga a fortalecer su trabajo, en beneficio de las víctimas.

Ha sido gratificante ver la participación de diversas organizaciones civiles que trabajan en la defensa de los derechos humanos, bien sea acompañando a víctimas de desaparición forzada, o que defienden los derechos de las mujeres, a las y los desplazados por la violencia, que se están involucrando para incidir en la designación del titular del organismo estatal; ese viene a ser el primer paso, le seguirán otros más para lograr la ciudadanización y aspirar a contar con una comisión regia, autónoma, independiente, que cuente con un presidente legitimado, lo que se logrará con el apoyo de la sociedad civil organizada y participativa.

Pero aún vislumbro desarticulación de las OSC, se hace necesario crear y fortalecer una red guerrerense de defensoras y defensores de derechos humanos, con el objetivo común de que con su actividad coordinada, se logre incidir en los asuntos de interés público, como el que aquí comentamos; este avance no tiene retroceso.

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