Rechaza Congreso dar recursos extraordinarios y empréstitos a 4 ayuntamientos

Carlos Navarrete Romero/ Chilpancingo, Gro.

El pleno del Congreso local rechazó otorgar partidas especiales de recursos y empréstitos que solicitaron los ayuntamientos de Tixtla, Coyuca de Benítez, Leonardo Bravo y Cutzamala de Pinzón para el pago de laudos laborales.

Durante la sesión que celebró este jueves el Poder Legislativo, el diputado de Morena, Adalid Pérez Galeana, a nombre de las comisiones unidas de Hacienda y Presupuesto y Cuenta Pública, presentó la fundamentación de los dictámenes con los que se negó la petición a esos cuatro municipios.

En su intervención, el legislador precisó que los ayuntamientos de Coyuca de Benítez, Cutzamala de Pinzón y Leonardo Bravo requirieron ampliaciones a sus presupuestos.

Al respecto, indicó que el Congreso no tiene facultades para autorizar los recursos extraordinarios, pues es un tema que le compete únicamente a los ayuntamientos en la formulación y aprobación de su presupuesto de egresos de acuerdo con la Constitución local.

Pérez Galeana explicó que los ayuntamientos deben hacer todas las previsiones presupuestales necesarias en sus respectivos presupuestos de egresos, a efecto de que se cubran las erogaciones por concepto de sentencias derivadas de laudos de juicios laborales en su contra.

En cuanto al ayuntamiento de Tixtla, dijo que requirió un empréstito también para el pago de laudos y sentencias, y explicó que el requerimiento no cumplió con los requisitos necesarios para su aprobación.

“Los integrantes de las comisiones unidas, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y por no cumplir con los requisitos específicos para sustentar sus peticiones, determinaron no procedente dicha solicitud en razón de lo que dispone nuestra carta magna”.

Además, Pérez Galeana indicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que son improcedentes las solicitudes de empréstitos para el pago de laudos condenatorios por parte de los municipios, pues no representa una inversión pública productiva que autorice la contratación de la misma.

Los proyectos de dictamen fueron aprobados por el pleno del Congreso.

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