Alina Navarrete Fernández/Chilpancingo, Gro.
Ante el incremento de contagios de Covid-19 en la entidad, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, el Gobierno del Estado y el Concejo de Mujeres Mé’Pháá acordaron posponer la inauguración del Centro Comunitario Gúwa Kúma en Ayutla de los Libres.
El lugar, que se identifica de manera institucional como el Centro Comunitario de la Mujer y albergue de niñas y niños Mé’Pháá, forma parte de la reparación del daño ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado Mexicano, a favor de Inés Fernández Ortega, una mujer indígena que fue violada por militares.
La sentencia se emitió el 30 de agosto de 2010 y en ella, la Corte ordenó “la creación de un centro comunitario, que se constituya como un centro de la mujer, en el que se desarrollen actividades educativas en derechos humanos y derechos de la mujer”.
Sin embargo, aunque la construcción del Centro Comunitario inició en el 2013 y concluyó en el 2016, durante el mandato del expresidente Enrique Peña Nieto, las autoridades federales argumentaron que no había recursos para su operatividad, por lo que las instalaciones quedaron abandonadas y no fue hasta este año, en que se retomó el caso.
La ceremonia de inauguración estaba programada para hoy a las 10 de la mañana, pero ante el incremento de contagios de Covid-19, las autoridades de los tres niveles de gobierno acordaron posponer el evento, hasta que haya condiciones sanitarias.
Mediante dos comunicados, firmados de manera paralela, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y la Subsecretaría de Derechos Humanos informaron de la suspensión ante el “alto riesgo de contagios del Covid-19”.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud Estatal, hasta ayer, en Ayutla de los Libres se reportaron 94 casos activos y una tasa de 70.5 contagios de Covid-19 por cada cien mil habitantes; además de 687 casos confirmados y 47 defunciones acumuladas, desde que inició la pandemia.
El caso de Inés
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, recordó el caso de Inés Fernández Ortega, en un documento difundido ayer en la página de la organización.
Fue el 22 de marzo de 2002, cuando once militares irrumpieron en la casa de Inés, en la comunidad Barranca Tecoani, municipio de Ayutla de los Libres, y la acusaron de robar carne. “Para los ‘guachos’ las familias indígenas que comen carne, son robavacas o siembran amapola”, expresó Abel Barrera.
Tres soldados amenazaron a Inés, de entonces 25 años de edad, con matarla para someterla; luego la torturaron sexualmente frente a sus tres hijos menores de edad.
Inés recurrió a Tlachinollan, que a su vez llevó el caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “En su búsqueda por la justicia, siempre fue discriminada. La ignoraban porque hablaba en Mé’pháá y le restaban credibilidad cuando señalaba a los militares como sus torturadores”.
“El ministerio público en lugar de investigar los hechos, trasladó el expediente a la procuraduría de justicia militar. No solo quedó en estado de indefensión, sino que arreciaron los ataques contra su familia”.
A 19 años de los hechos y a 11 de la sentencia de la Corte, las mujeres y menores de edad Mé’Pháá contarán con un espacio que les servirá de refugio y que dará apoyo a víctimas de la violencia de género en la zona indígena de la Costa Chica.