Alina Navarrete Fernández/Chilpancingo, Gro.
La organización Católicas por el Derecho a Decidir llamó “a la Jerarquía de la Iglesia Católica y de otras iglesias evangélicas conservadoras a no intervenir en los asuntos que competen a las instituciones del Estado ni oponerse al avance de los derechos humanos”, especialmente los de las mujeres, adolescentes y niñas en Guerrero.
A través de un comunicado, la organización celebró la propuesta para despenalizar la interrupción del embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación, que presentaron las diputadas locales de Morena, Gloria Citlali Calixto Jiménez, Nora Velázquez Martínez y Beatriz Mojica Morga, en la sesión del pasado 12 de enero.
Señaló que la iniciativa “proporciona elementos” para cumplir con las recomendaciones dadas a Guerrero desde el Observatorio Ciudadano de las Violencias Contra las Mujeres en Guerrero (Obvio Guerrero) y Justicia, Derechos Humanos y Género A. C., con el acompañamiento del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y Católicas por el Derecho a Decidir, en la Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado que se declaró en junio del 2020.
“Ante el preocupante incremento de la violencia de género y la violencia sexual que persiste en la entidad, es preciso atender las realidades de las mujeres, adolescentes y niñas guerrerenses. Reiteramos que, ante este asunto de salud pública, justicia social y derechos humanos, es fundamental que cualquier decisión se tome con base en los principios democráticos laicos del Estado”.
En ese sentido, puntualizó que es indispensable que se respete “la ética pública laica que permite el cumplimiento de las normas, vele por la estricta igualdad de todas las personas ante la Ley y asegure la neutralidad de la función pública”.
Recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentó un precedente fundamental con su fallo en la materia, debido a que señala que la criminalización del aborto es inconstitucional y recupera la importancia de la laicidad como una “cualidad democrática fundamental”.
El referido fallo especifica que “el Estado respeta y valora positivamente que las personas tengan creencias religiosas, éticas, ideológicas y de conciencia, pero se asegura que el Estado y las confesiones religiosas se encuentren separados”.
Además, permite advertir que la constitucionalización del derecho a decidir reconoce la existencia de una multiplicidad de perfiles éticos, de conciencia y de religión, y se define como un puesto para la coexistencia armónica de cualquier convicción, en el sentido de que su diseño evita la imposición de cualquier visión por encima de otra, entendiendo al ser humano como racional y responsable de sus propias decisiones en pleno respeto de la propia autodeterminación.
La organización hizo hincapié en que cualquier discusión pública debe estar guiada por el respeto a la pluralidad, “más allá de presiones que desean imponer una única visión de la moral sexual y atentan contra la progresividad de los derechos”.
Detalló que la despenalización del aborto “no obliga a nadie a interrumpir un embarazo, más bien, facilita la posibilidad de elegir a quienes por diversas circunstancias toman esta decisión para que lo hagan en mejores condiciones y conforme a los estándares estipulados por la Organización Mundial de la Salud”.
Ante este panorama, Católicas por el Derecho a Decidir pidió a la Iglesia y los grupos evangélicos en Guerrero que respeten “el marco jurídico que garantiza la laicidad del Estado y la Ley de Asociaciones religiosas y culto público, que delimita claramente los ámbitos de competencia en los asuntos de las políticas públicas”.
“En un Estado democrático y laico tenemos la obligación, hoy más que nunca, de asumir la responsabilidad de generar leyes y normas para una sociedad diversa y plural, y entender que las creencias religiosas no deben influir en las decisiones de la función pública o limitar el ejercicio de derechos”, concluyó.