Alina Navarrete Fernández/Chilpancingo, Gro.
El Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) denunció que integrantes del grupo delictivo “Los Ardillos” atacaron tres comunidades del municipio de Chilapa este domingo.
A través de un comunicado, el CIPOG-EZ detalló que alrededor de las 7:40 de la mañana, “el grupo narco-paramilitar ‘Los Ardillos’ amenaza la vida de las comunidades de Tula, Xicotlán y Zacapexco, disparando en contra de hombres, mujeres, niños y niñas”.
“Los ataques continúan y a pesar de esto, las autoridades no han intervenido ni respondido al llamado”, reclamó la organización.
De acuerdo con el CIPOG-EZ, los ataques se dan en el marco de las medidas cautelares que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió el pasado 11 de diciembre, a favor de las comunidades a las que protege la organización.
Señaló que con la intervención de la CNDH se generó “un supuesto diálogo con las autoridades, en el que se comprometieron a cumplir con estas medidas, pero no vemos nada, sólo el silencio y la complicidad de éstas con los grupos delincuenciales, que se mueven con total impunidad”.
Ante las circunstancias, exigieron a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y “a todas las autoridades, que dejen de simular y que empiecen realmente a desmantelar a estos grupos delincuenciales y a quienes siendo parte del Gobierno, trabajan para ellos”.
También responsabilizaron a las autoridades “por esta situación que estamos viviendo, ya que están enterados, hemos denunciado por todos los medios posibles y su inacción es evidente”.
En entrevista telefónica, el dirigente del CIPOG-EZ, Jesús Plácido Galindo, informó que agentes de la Guardia Nacional comenzaron a llegar a la zona atacada cerca de las 10:30 de la mañana, más de dos horas después del llamado de auxilio.
Detalló que no había personas asesinadas ni heridas y que las familias se refugiaron en sus casas; mientras que algunos habitantes, corrieron hacia los montes para alejarse del ataque armado.
Finalmente, reiteró su llamado a las autoridades para que atiendan las medidas cautelares que dictó la CNDH, de manera que se garantice la seguridad de los pobladores indígenas.