Hipólito Lugo Cortés tiene una licenciatura en Derecho, maestría en Ciencias, Área de Derecho Público, y estudios de doctorado en Derechos Humanos. Es visitador de la Oficina en Guerrero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Fue secretario ejecutivo, secretario técnico, visitador general, y presidente del Comité para la Investigación de la Desaparición Forzada de Personas. También se desempeñó como presidente interino en la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero.
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En el enfrentamiento suscitado en la caseta de cobro de Palo Blanco, en la Autopista del Sol, entre los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, con agentes de la policía del estado y de la Guardia Nacional, es sin duda, el producto de una inconformidad estudiantil que se ha dejado crecer por los distintos actores políticos; o bien, no se ha atendido de manera adecuada, y dejó al descubierto la notable ausencia de los operadores políticos; repercutiendo en la ineficiencia de la función del Estado Mexicano en la solución pacífica de una problemática social.
Al mencionar la inoperancia o ausencia de los operadores políticos, me refiero desde luego a aquellos personajes que han existido en todos los gobiernos, dotados de experiencia y que han fungido incluso como asesores, y cuyo rol es adelantarse a la solución de un conflicto, se encargan de propiciar el acercamiento y llevar a cabo las negociaciones entre autoridades y organizaciones sociales, con el objetivo de allanar el camino para una solución política, pacífica, privilegiando el diálogo entre las partes, y así evitar escenarios de gresca y violencia, como los vividos este pasado viernes, y ahí están los resultados de esa inoperancia política, hechos lamentables que pudieron ser de mayores consecuencias.
Los gobiernos de los distintos niveles, no deben olvidar que diversas movilizaciones sociales acontecidas en Guerrero han terminado en represiones por parte del gobierno, que han marcado la historia de nuestro país.
Con base en ese negro historial, quienes estén al frente de una responsabilidad gubernativa, no deben cerrarse al diálogo y a la negociación, y privilegiar la solución no violenta de los problemas sociales; entender que ya estamos en tiempos de cambio y de apertura democrática.
La Constitución Política del estado en sus artículos 87 y 91, regulan la obligación, en primer lugar de la Gobernadora, para el despacho de los asuntos y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos y libertades de los ciudadanos, así como para cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del país, las leyes federales y los tratados internacionales, para garantizar la protección y la seguridad ciudadana, la conservación del orden, la tranquilidad y la seguridad en el estado, y disponer de las corporaciones policiales en aquellos casos de fuerza mayor o alteración grave del orden público.
De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública estatal, en su numeral 20, señala que la Secretaría General de Gobierno es la encargada de conducir la política interna del estado, y proporcionar la atención adecuada y oportuna a las demandas de las organizaciones sociales, en un marco de tolerancia, armonía y respeto, procurando mantener una relación efectiva y coordinada con las mismas en la solución de sus requerimientos, a través del diálogo y la concertación; esto es, los principales operadores políticos exoficio deben ser precisamente la propia ciudadana Gobernadora y el Secretario General de Gobierno, o aquellos servidores públicos en quienes deleguen la función de operadores políticos.
Sobre este tema ya la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo el llamado para la instalación de una mesa de diálogo, con el fin de que a través de los caminos del entendimiento se llegue a los acuerdos necesarios para lograr las soluciones de fondo a los problemas, que espero se atienda esta sugerencia.
Pero la demanda estudiantil y social seguirá en pie, mientras las causas que las motivan no se atiendan de manera tangible, hasta que haya verdad y justicia; siendo de suma relevancia que se esclarezca completamente lo que pasó esa noche del 26 y 27 de septiembre de 2014; el agilizar y concluir las investigaciones ministeriales sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la referida Normal de Ayotzinapa, y lograr tener conocimiento con certeza jurídica sobre su paradero o de sus restos corpóreos, el castigo a los perpetradores, el brindar garantías de no repetición y de reparación integral del daño; más allá de también poner atención a los requerimientos académicos, materiales y de apoyo económico que llegaren a necesitar los estudiantes.