Ángel Galeana/Chilpancingo
Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa emplazaron a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para que contribuya con las investigaciones del caso y cumpla con las compromisos de campaña respecto a atender aspectos desde el nivel estatal, como la desaparición de los videos de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala, y la investigación en contra de policías del estado que habrían participado en interrogación y asesinato de estudiantes, la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014.
Los padres de los 43, respaldados por alumnos de la normal y representantes de organizaciones sociales realizaron un mitin en el Palacio de Gobierno del estado en su cuarto día de protestas para exigir justicia en el caso y presentación con vida de los estudiantes desaparecidos.
El abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, señaló que el mitin en Palacio de Gobierno era para “emplazar a la gobernadora para que contribuya con el caso Ayotzinapa”.
Recalcó que si bien el caso lo lleva el Gobierno federal y la Fiscalía General de la República, la complejidad de los hechos conlleva a principalmente tres aspectos en los que puede contribuir el gobierno del estado: la desaparición de los videos del Palacio Judicial de Iguala, la responsabilidad de policías estatales en la desaparición y asesinato de normalistas, y con la responsabilidad que pudieron tener exfuncionarios que de altos cargos.
Rosales Sierra dijo que “cuando iniciaba la campaña de este gobierno” tuvieron acercamientos “cuando eran candidatos» y les pidieron atención a los tres puntos mencionados, y el compromiso de la Gobernadora fue atenderlos, pero a 8 meses de entrar en funciones no han sido llamados un diálogo y tampoco ha habido manifestaciones discursivas sobre el caso.
“No hemos tenido ninguna seña de algún acercamiento, no hemos tenido nisiquera una mención expresa del Gobierno, de la Gobernadora respecto de la presentación con vida de los 43. En ninguno de los discursos se han referido a esta grave violación a los derechos humanos cometida en Guerrero”, reclamó.
Sobre los tres puntos que piden del Gobierno del estado, refirió que afuera del Palacio Judicial de Iguala fueron desaparecidos 17 estudiantes que viajaban en el autobús 1531 de la empresa Estrella de Oro, pero los videos de las cámaras de seguridad desaparecieron. Acusó que alguien ingresó al edificio el 27 de septiembre y extrajo la información, además que el sistema de videograbación era controlable vía remota, “es decir, que a petición de alguien se pudo extraer la información”. A pesar de ello, cuestionó que no hay ningún proceso abierto contra nadie.
El segundo punto es la presunta participación de policías del estado, basada en 2 testigos directos, quienes declararon ante el ministerio público y ante un juez que un grupo de entre 6 y 7 estudiantes de la normal fueron detenidos por la policía estatal, llevados a una casa de seguridad en el centro de Iguala y algunos asesinados ahí mismo.
El tercer aspecto que exigen que se investigue desde el estado es la presunta responsabilidad del exgobernador Ángel Aguirre Rivero, el exprocurador Iñaki Cabrera Blanco, y el exsecretario de Seguridad Pública, Leonardo Vázquez Pérez, principalmente los últimos dos, debido a que datos de prueba y un testimonio exhibieron que recibían 50 mil dólares mensuales como soborno de Guerreros Unidos.
Rosales Sierra consideró que el caso Ayotzinapa es una agenda pendiente de la administración estatal dado que lacera la vida pública y no se pueden sentar las bases de una transformación si no está esclarecido el paradero de los 43.