Acusaciones en su contra son «persecución política», responde Fermín Alvarado

Alina Navarrete Fernández/Chilpancingo, Gro.

El exdirector general del Colegio de Bachilleres (Cobach), Fermín Alvarado Arroyo, afirmó que las acusaciones en su contra por presunto desvío de recursos son un «distractor mediático», así como «linchamiento y persecución política».

Luego de ser señalado mal uso de 1,300 millones de pesos durante su administración del 2018 al 202, Fermín Arroyo denunció que el proceso que iniciaron las autoridades estatales «es ilegal y violatorio de derechos, garantías y de las formalidades esenciales».

En un comunicado, reclamó que el titular de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, Eduardo Loría Casanova, «se haya prestado» a presentar públicamente «supuestas conclusiones» de la auditoría practicada al Cobach y «anunciar, incluso, sanciones, violando mi garantía de audiencia y la presunción de inocencia, entre otras».

Puntualizó que hablar de un presunto desvío de recursos de 1,300 millones de pesos «es tan increíble, que, hubiera significado que en el Colegio de Bachilleres no se hubieran pagado los salarios y prestaciones durante 2 años, lo que nunca sucedió».

Recordó que del total de recursos que llegan al Cobach, el 96% se destina al pago de salarios y sólo el 4% a gasto de operación. Sobre la supuesta falta de pagos de impuestos y prestaciones sociales por 813 millones de pesos, dijo que «es indebido que se pretenda imputar a mi persona un pasivo, en su mayoría, heredado como parte de una deuda histórica institucional de años atrás».

Enumeró más de 200 millones del Programa de Prestaciones SEFI, que viene del 2005; más de 200 millones de laudos laborales que iniciaron en el 2008 y la deuda con jubilados por más 50 millones de pesos, que inició en el 2012; «montos que yo no generé».

Con respecto al pasivo de impuestos como ISSSTE, FOVISSSTE, ISR y SAT, detalló que «este se genera por la insuficiencia de recursos presupuestales que vive el Colegio desde 2005, 2012 y a la fecha, en virtud de que la institución no recibe el total de los recursos que se pactan entre el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal (50% y 50%)».

En ese sentido, «es falso que se hicieran las retenciones y estas no fueras pagadas; se hacen, sí, en la nómina, en el papel, pero no en el recurso financiero real, por que este no llega en su totalidad a las cuentas del Colegio».

Fermín Alvarado consideró «por demás extraño que el Contralor Loria, ignore el origen de esta situación deficitaria en tanto que, en todas las Juntas Directivas se les hizo de conocimiento, entre ellos, a él, como integrante».

Respecto a las plazas, bases y recategorizaciones, «estas son legales y procedentes en tanto que fueron otorgadas conforme a las Leyes del Trabajo, particularmente la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado 248, de manera bilateral con las representaciones sindicales titulares de los Contratos Colectivos y, con la aprobación anual de recursos presupuestales para su respaldo financiero».

Aseguró que también contaron con recursos estatales autorizados y aportados por el Gobierno del Estado, entonces a cargo de Héctor Astudillo Flores.

Sobre los pagos supuestamente indebidos a una empresa por 20 millones de pesos, declaró que se trata de pagos que se hacen a la empresa “Administradores y Consultores en Previsión Social S.A. de C.V.,” que es la administradora del Programa de Previsión Social SEFI, desde 1997.

«Es decir, es una empresa no contratada por mi; el SEFI, es un Programa no creado por mi y los pagos que se le realizaron en 3 años, son parte de las aportaciones que el Colegio está obligado a hacer al Programa y que viene haciendo desde 1997».

Finalmente, invitó a «no seguir politizando un procedimiento administrativo de fiscalización del que no he sido notificado, violando mi garantía de audiencia, la presunción de inocencia y las formalidades esenciales de procedimiento y esté siendo convertido en un distractor mediático y en un linchamiento y persecución política en contra de mi persona, misma que daña mi prestigio y reputación y pone en riesgo, incluso, mi seguridad y la de mi familia, de la que los responsabilizo».

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