Ángel Galeana/Chilpancingo
La Secretaría de Educación Guerrero pagó 5 millones 310 mil pesos a maestros identificados como muertos durante el ejercicio fiscal 2019, en la administración de Héctor Astudillo Flores, por lo que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó un probable daño a la Hacienda Pública Federal.
La organización Mexicanos Contra la Corrupción publicó este jueves una investigación en la que revela que 21 estados pagaron 156.4 millones de pesos a nóminas de maestros muertos durante los años 2019 y 2020, según datos de auditorias de la ASF.
«Estos pagos irregulares fueron descubiertos en auditorías realizadas al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) correspondiente a 2019 y 2020, tras lo cual los estados fueron obligados a justificar el desembolso o reintegrarlo. A la fecha, todavía no han sido reembolsados a la Tesorería de la Federación más de 38 millones de pesos», indica la nota publicada.
En el caso de Guerrero señala que por orden de la Secretaría de Educación del Estado, se realizaron 627 pagos por un monto de 5 millones 310 mil pesos a 130 trabajadores identificados como muertos.
La Secretaría solventó con documentación 997 mil pesos a 32 empleados, y el resto no lo comprobó, por lo que la ASF determinó un probable daño a la Hacienda Pública por 4 millones 29 mil pesos.
El titular de la dependencia durante 2019 fue Arturo Salgado Urióstegui, quien fue nombrado en el cargo por Astudillo Flores en diciembre de 2018 y fue sustituido por Heriberto Huicochchea en enero de 2021.
La investigación señala que las inconsistencias detectadas por la ASF en los pagos se desprenden de confrontar las nóminas del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone) con los datos de muertes emitidos por la Secretaría de Salud y de Gobernación.
De los 156.4 millones de pesos, los estados aún tienen pendientes solventar observaciones.
«De los 156.4 millones de pesos pagados a personal educativo fallecido en ambos años, las autoridades estatales solventaron 115.7 millones de pesos, de los cuales 76.7 fueron justificados con documentación y 39 millones fueron reembolsados a la Tesorería de la Federación», indica la publicación.
Y agrega: «La ASF determinó 38.6 millones de pesos pendientes por aclarar, que derivaron en acciones administrativas e incluso probables daños al erario, y en el resto de los recursos (alrededor de 2 millones) no se detalla si fueron justificados o devueltos».