Derecho, maestría en Ciencias, Área de Derecho Público, y estudios de doctorado en Derechos Humanos. Fue coodinador de la Oficina en Guerrero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Fue secretario ejecutivo, secretario técnico, visitador general, y presidente del Comité para la Investigación de la Desaparición Forzada de Personas. También se desempeñó como presidente interino en la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero
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La Relatora Especial sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos de Naciones Unidas, Cecilia Jiménez-Damary, realiza visita in situ a Guerrero los días 6 y 7 de septiembre, de la cual sin duda realizará un informe temático para conocer las problemáticas sobre desplazamiento forzado y las acciones que esté implementando el Estado Mexicano para atender a estas personas y lograr visibilizar el fenómeno.
Con esa visita se presenta una oportunidad para abordar el desplazamiento interno, que permita identificar a las víctimas para brindarles una atención integral; de conformidad con su mandato, la Relatora tiene como encomienda abordar el complejo problema y trabajar para reforzar la respuesta internacional para la protección y el respeto de los derechos humanos de los desplazados internos.
De acuerdo con la CNDH, al desplazamiento forzado interno (DFI) podemos definirlo como la movilización forzada de personas, quienes deben salir huyendo de sus hogares o lugares de origen en donde viven o trabajan, para proteger su vida o integridad personal de los efectos de situaciones de violencia, de violaciones a los derechos humanos, o de catástrofes naturales o provocadas por las personas, pero que al desplazarse permanecen dentro del territorio nacional.
En estos últimos diez años, el fenómeno se ha venido incrementado, y se ha convertido en un grave problema que no ha recibido una atención adecuada por parte de las autoridades.
En Guerrero en un primer momento las víctimas eran las personas -testigos de jehová- que se desplazaban por cuestiones de intolerancia religiosa, cuando en las comunidades, por lo general católicas, se les solicitaban diversos apoyos para festejar al santo patrono, que podían ser económicos o bien, se pedía a las personas que fueran “mayordomos”, esto es, las personas encargadas de sacar adelante la festividad, y que por sus creencias, no accedían a apoyar a la comunidad y se veían obligadas a desplazarse de ese lugar, ante la persecución que sufrían.
Pero en los últimos cinco años, el contexto ha cambiado e infinidad de personas han tenido que abandonar sus hogares para tratar de salvaguardar sus derechos a la vida, libertad e integridad personal, debido a los enfrentamientos armados que ocurren en sus comunidades, por la violencia generada por grupos de la delincuencia organizada que poco a poco han ido ganando espacios para el ejercicio de sus actividades ilícitas de siembra y trasiego de drogas, que las han venido diversificando a la extorsión, “cobro de piso”, amenazas, secuestros, etc., de lo que han dado cuenta los medios de comunicación; ahí están los casos de Chilapa, Zitlala, Coyuca de Catalán, Zirándaro de los Chávez en la Región de la Tierra Caliente, en la Costa Grande y diversas comunidades de la Sierra de Guerrero.
Es de resaltar que la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, recientemente ha emitido la Recomendación 029/2022, de fecha 20 de junio de este año, que ha publicado en su página web, en la que aborda esta problemática; documento que resulta relevante y trascendente, pues el reconocimiento de la existencia de este fenómeno es un problema que aún persiste, y esto ocasiona un déficit institucional y legal para la protección y garantía de este grupo de personas.
Dicha Recomendación tiene como principal destinatario al Secretario General de Gobierno de Guerrero, y se le pide realizar un diagnóstico sobre la situación actual de las personas víctimas de DFI, que se diseñe y aplique un programa de atención integral en materia de salud, alimentación, vivienda, educación, etc., así como elaborar un registro estatal de desplazados.
La Comisión estatal ha cumplido con su encomienda; pero, no basta con una concienzuda Recomendación para reconocer el problema, emprender acciones para su atención y solución, sino que debe ir acompañada de la voluntad política para lograr su aceptación y cumplimiento, así que ahora corresponderá al Gobierno del estado estar a la altura de las circunstancias actuales y atender ese documento, que sin duda será del conocimiento de la Relatora.
Sin duda que los pendientes del Estado Mexicano siguen siendo el cumplir cabalmente con sus obligaciones para proteger y garantizar los derechos humanos de toda persona que se encuentran bajo su jurisdicción y así velar por los derechos de las personas desplazadas; la aprobación de una legislación federal en materia de desplazamiento forzado interno y la implementación de políticas de prevención y protección; ya veremos el informe de la Relatora.