Alina Navarrete Fernández/Chilpancingo, Gro.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, dijo que es preocupante que las autoridades estén «dosificando» la detención de los 20 militares del 27 Batallón de Infantería de Iguala implicados en el Caso Ayotzinapa.
Lo anterior, en entrevista en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa ubicada en Tixtla luego de que el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, informó que el general del Ejército, José Rodríguez Pérez, quien en 2014 era el comandante del 27 Batallón del Infantería fue detenido.
Ricardo Mejía detalló que se liberaron 4 órdenes de aprehensión contra militares; sin embargo, únicamente se ejecutaron tres, aunque no precisó sus nombres ni los cargos que tenían.
El representante legal de las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos dijo que se enteraron de la detención de José Rodríguez y los otros dos militares por los medios de comunicación, pero «no tenemos mayor información».
«No sabemos por qué delitos están detenidos, ante qué instancia están siendo procesados, cuál es la situación jurídica que tienen estas personas no, no sabemos pero vamos a esperar en el curso de las próximas horas a que nos informen cuál es la situación que prevalece», dijo.
Consideró «extraño» que de las 20 órdenes de aprehensión contra militares solamente se haya procedido contra tres; además, si las autoridades notificaron a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) «había elementos, había posibilidades en prácticas fácticas de poder detener a todos».
Además, la misma Sedena tenía «el deber jurídico» de poner a disposición a los militares señalados ante las instancias que los están requiriendo.
Recordó que el gobierno federal informó de las órdenes de aprehensión a finales de agosto, pero dejó pasar varios días antes de proceder con la ejecución de tres, «eso nos genera preocupación, estas formas, esta dosificación».
Por otra parte, sobre la impugnación de la absolución del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, explicó que las pruebas acusatorias o que sustentan la acusación en su contra están basadas en tortura y otras irregularidades que se cometieron en «la mal llamada verdad histórica».
Señaló que esa situación habría debilitado el proceso y también el hecho de que el delito del que se le acusa es secuestro, en lugar de la desaparición de los estudiantes; «es algo que estuvimos peleando nosotros con la anterior Procuraduría General República cuando estaba Jesús Murillo Karam».
Finalmente, abundó que el hecho de que José Luis Abarca no cometió secuestro de los normalistas y fue presuntamente torturado, «no quiere decir que sea inocente, hay un proceso irregular en su contra que derivó en su absolución pero qué es susceptible de ser impugnada», por lo que espera que la Fiscalía General de la República proceda.