Redacción
El juez del segundo juzgado de distrito de procesos penales federales del Estado de México, Enrique Beltrán Santes, canceló 21 órdenes de aprehensión dictadas en contra de 16 militares y exautoridades civiles, entre ellas, el exprocurador de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera y la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia estatal, Lambertina Galeana Marín, imputados por delitos relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La revista Proceso publicó en la edición de esta semana la nota «Una sucia maniobra de la FGR que exonera a los militares», en la que da cuenta de la cancelación de 21 órdenes de aprehensión aceptadas por el juez Beltrán Santes que fueron solicitadas por funcionarios de la FGR en el Estado de México basados un argumentos legales pero sin ninguna justificación.
De las órdenes de aprehensión canceladas, 16 eran contra militares. Entre los civiles estaban el exprocurador Iñaki Blanco acusado de dincuencia organizada, y la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia estatal, Lambertina Galeana Marín por delitos relacionados contra la administración de justicia, por los videos de las cámaras de seguridad del palacio judicial de Iguala que desaparecieron y en los que se habría grabado cuando un grupo de normalistas fue raptado.
La nota de la revista Proceso afirma que además de Lambertina Galeana se cancelaron órdenes contra 2 extrabajadores del área de cómputo e informática del Poder Judicial; sin embargo, los 3 mantienen órdenes de aprehensión por desaparición forzada.
Otro de los 21 exonerados es quien fue comandante del 41 Batallón de Infantería y coordinador de Guerrero Seguro, el coronel Rafael Hernández
El juez Beltrán Santes admitió una solicitud de cancelar las órdenes de aprehensión presentadas por agentes de la Fiscalía adscritos a su juzgado y a la delegación estatal, funcionarios que son ajenos a la causa penal 15/2022 en la que están los 21 exonerados.
Las 21 órdenes forman parte de las 83 otorgadas el 19 de agosto a solicitud de la Unidad Especial de Investigación y Litigio para el Caso Ayotzinapa. De la totalidad fueron 20 contra mandos militares y personal de tropa del 27 y 41 Batallón del Ejército, 5 autoridades administrativas y judiciales de Guerrero, 26 policías de Huitzico, 6 de Iguala y 1 de Cocula, así como 11 policías estatales y presuntos integrantes de Guerreros Unidos.
La solicitud de cancelación de órdenes de aprehensión fue presentada al juez por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a su juzgado y asignado a la Unidad de Asuntos Especiales, Isaías Flores Hernández, con el aval de la subdelegada de procedimientos penales de averiguaciones previas y procesos penales del sistema tradicional de la delegación del a FGR en el Estado de México, Elizabeth Sánchez Miran, así como el delegado estatal Julio César Ulises Chávez Gómez, bajo el argumento de que constitucionalmente el ministerio público tiene el monopolio de la investigación de los delitos y la consignación ante autoridades judiciales.
Además, se basó en el artículo 200 del código federal de procedimientos penales que prevé «la posibilidad de que, si por datos obtenidos posteriormente a la emisión de la orden de aprehensión el ministerio público estima que ya no es procedente y esta no hubiese sido ejecutada, puede pedir la cancelación».
Nota completa en la Revista Proceso edición 2395