Aprueban reformas en el Congreso para erradicar la venta de niñas; el acoso sexual, y garantizar la paridad de género

Ángel Galeana/Chilpancingo

El Congreso aprobó una serie de reformas para frenar la venta de niñas para matrimonios forzados; obligar a los gobiernos estatal y municipales a realizar talleres, capacitaciones y cursos para erradicar el acoso y hostigamiento sexual, y para armonizar el principio de paridad de género, garantizando la participación igualitaria de las mujeres en espacios públicos y privados.  

En la sesión de este jueves, los diputados aprobaron una serie de reformas a la Ley 553 de Acceso a las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia del Estado, con la finalidad de frenar la venta de niñas que derivan en matrimonios forzados.

La iniciativa fue presentada por la diputada Julieta Fernández Márquez y dictaminada por las comisiones unidas para la Igualdad de Género y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, el cual se presentó al Pleno y aprobado por unanimidad.

La reforma fue al artículo 44 de la ley 553. En la fracción 7 se estableció que son facultades del sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres “garantizar que los usos y costumbres de las comunidades indígenas, así como las de toda la sociedad, no socaven, limiten o violen los derechos humanos de las mujeres y niñas”.

Al mismo artículo se le adicionó la fracción 7Bis en el que otra de las facultades de dicho sistema es “erradicar cualquier acto o práctica que denigre, menoscabe la dignidad y los derechos humanos de las niñas, incluidas las basadas en tradiciones y usos o costumbres, que tengan como resultado final la venta de niñas, matrimonios forzados y explotación en cualquiera de sus formas”.

La diputada Gabriela Bernal Reséndiz recordó al fundamentar el dictamen que en Guerrero se modificó el Código Civil para prohibir el matrimonio infantil estableciendo que solo los mayores de 18 años pueden contraer matrimonio, “pero esto no ha sido suficiente”, por lo que “es necesario que las autoridades estatales y municipales en su conjunto, realicen tareas en diferentes vertientes para concientizar, prevenir y erradicar esta práctica que lastima a las niñas, niños y adolescentes del estado”.

“Tristemente el problema se agrava bajo el argumento de los usos y costumbres, al existir dinero de por medio, se ha convertido en una práctica denigrante de comercialización real de las mujeres para contraer matrimonios arreglados, por encima de sus derechos humanos y con el consentimiento muchas veces de algunas autoridades”, señaló.

Otra serie de modificaciones que se aprobaron fue a la Ley Número 494 Para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Guerrero para armonizar la paridad de género, reformando los artículos 4, 14, 24, 51, 52 y 53, propuestas por la panista Ana Lenis Reséndiz Javier y dictaminadas por la Comisión para la Igualdad de Género.

Entre las reformas se agrega “la paridad de género” a los principios rectores de la Ley, se cambia la palabra “promover” y se garantiza la participación y representación paritaria en las candidaturas electorales y en los puestos de toma de decisiones. También se garantiza el principio de paridad de género en los nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad.

Se establece en la Ley que la política estatal promoverá que todos los entes generadores de empleos implementarán campañas que fomenten la contratación de mujeres y promuevan la igualdad en el mercado laboral, en los ámbitos público y privado, así como la participación paritaria de mujeres y hombres en puestos de toma de decisiones.

Otra de las reformas también presentada por la diputada Ana Lenis Reséndiz, obliga en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia al Gobierno del estado y a los municipios a promover la realización de capacitaciones, talleres y cursos dirigidos a identificar conductas que constituyan todo tipo de violencia en contra de las mujeres, especialmente en el ámbito laboral y escolar; fomentando el desarrollo económico que propicie el acceso a un empleo y educación libre de violencia y hostigamiento y/o acoso sexual.

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