Comunitarios privan de la libertad al director del DIF en Xalpatláhuac cuando repartía despensas

Ángel Galeana/Chilpancingo

La presidenta municipal de Xalpatláhuac, Selene Sotelo Maldonado, denunció que el director del DIF, Jorge Pardo Dorantes, fue detenido “de manera violenta” por policías comunitarios que operan en la cabecera municipal.

A través de un comunicado, la alcaldesa, quien ha sido víctima de violencia política y opera fuera de la cabecera desde la irrupción de los policías comunitarios, hizo un llamado a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para que intervenga en la liberación del funcionario.

“El día de hoy, 20 de marzo del año 2023, en la localidad de Xalpatláhuac, fue detenido de manera violenta por la policía comunitaria nuestro director del DIF municipal, el Lic Jorge Pardo Dorantes, por lo que hago responsable a todos los que integran la policía comunitaria y al Tlayakanki de lo que le pueda pasar”.

“Hago un llamado a nuestra gobernadora para intervenga a la liberación de nuestro compañero director del DIF, Jorge Pardo Dorantes, ya que las actividades humanas que realizaba de hacer llegar los apoyos a los ciudadanos y ciudadanas de Xalpatláhuac, fue hoy detenido y golpeado”, señala el comunicado.  

De acuerdo con fotografías difundidas en redes sociales, Pardo Dorantes fue interceptado por un grupo de comunitarios, quienes iban armados con escopetas, cuando entregaba despensas a grupos vulnerables en la cabecera municipal.

Cabe recordar que el grupo de civiles armados que se autodenominó policía comunitaria irrumpió en Xalpatláhuac en octubre del 2021 en medio de un conflicto postelectoral, en el que la alcaldesa, Selene Sotelo, acusó a quien fue candidato de Movimiento Ciudadano, Edmundo Delgado Gallardo, de ser el responsable de armar a un grupo de hombres para acosarla tras perder las elecciones. También responsabilizó al Tlayakanki, Nicolás Villarreal Dircio, de emprender acciones de violencia en su contra. Ambos personajes fueron sancionados por el Tribunal Electoral del Estado con la pérdida del modo honesto de vivir, con una multa de casi 20 mil pesos y su inscripción al Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política de Género.

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