Hipólito Lugo Cortés tiene una licenciatura en Derecho, maestría en Ciencias, Área de Derecho Público, y estudios de doctorado en Derechos Humanos. Fue coodinador de la Oficina en Guerrero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Fue secretario ejecutivo, secretario técnico, visitador general, y presidente del Comité para la Investigación de la Desaparición Forzada de Personas. También se desempeñó como presidente interino en la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero
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El pasado fin de semana, un grupo de personas llegó a las afueras de las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cargando ataúdes en los que colocaron las fotografías de los rostros de los ministros; de acuerdo con algunos medios, esto fue alentado por el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García.
Por el contexto del hecho, ha generado críticas al interior del país como en el extranjero, pues con tal movilización se representa a la muerte, que tiene como destinatarios a quienes representan la investidura más alta de los jueces y magistrados, como lo son los ministros; como si no fuera suficiente que nuestro país sufra del flagelo de la delincuencia, con una creciente ola de asesinatos.
Es lamentable que desde el Palacio Nacional el propio Presidente de la República genere un discurso que estigmatiza y descalifica la labor de los integrantes del más alto tribunal del país; tal conducta sin duda puede propiciar actos de violencia, hostigamiento y amenazas, que colocan, en este caso, a los ministros en una situación de inminente riesgo que puede afectar su integridad física, psíquica; incluso, no hay que descartar que hasta pueda suscitarse un atentado a su vida, por algún acomedido seguidor del Presidente.
Es entendible el enojo del Presidente, ante los recientes pronunciamientos de la SCJN al invalidar varias de sus reformas, entre las que destacan el control de la SEDENA sobre la Guardia Nacional, así como el llamado “plan B electoral”, y el haber dejado sin efecto el decreto presidencial para reservar información sobre las obras prioritarias del gobierno federal.
Desde luego que estoy totalmente en contra de ese discurso que genera un contexto adverso a la unión y convivencia social, y que alienta a las agresiones, no solo a los ministros, también a los periodistas, a las organizaciones de la sociedad civil, a las y los defensores de derechos humanos, a todos aquellos que piensan diferente y a los que considera opositores; con ello, no hace honor a la investidura presidencial.
Tiene razón Alberto Pérez Dayán, ministro de la SCJN, al señalar que “…si el Ejecutivo tiene determinadas obligaciones que no cumple tendrán que existir también medios que lo obliguen a hacerlo y, uno de ellos, precisamente es la jurisdicción”, a la vez expresó que los ministros “estamos fuertes y estamos convencidos, en ese sentido, nada nos va a doblar, nada”.
De igual manera, enfatizó sobre el papel fundamental que juega la SCJN, de control de la constitucionalidad de los actos de los poderes públicos al asegurar que “el día que la Constitución cambie y diga otras cosas haremos que esas otras cosas se cumplan, pero mientras no estén, haremos que se cumplan las que están a costa de lo que sea”, claro, esa es la función de la Corte, ni más ni menos.
No cabe duda que el Presidente de la República ve en la SCJN un obstáculo para su gobierno; de ahí que pretenda un cambio en la forma de nombrar a los jueces, magistrados y ministros de la Corte que forman parte del Poder Judicial, y propone que sean electos mediante el voto popular; para que esto suceda, será necesario reformar los artículos 96, 97 y 98 de la Constitución federal.
De conformidad con los citados artículos, para el nombramiento de los ministros existe una responsabilidad compartida entre el Poder Ejecutivo y el Senado de la República, pues al primero le corresponde enviar una terna a consideración del segundo, quien previa comparecencia de las personas propuestas, en una mayoría calificada designará al ministro.
En lo que corresponde a las magistradas y magistrados de circuito, así como las juezas y jueces de distrito, su nombramiento corresponde al Consejo de la Judicatura Federal.
No comparto que sea mediante el voto popular, la forma de nombrar a los funcionarios del Poder Judicial Federal, pues se abre la puerta para la intromisión de actores políticos para un escenario en el que cualquier persona con simpatía y carismático, pero carente de conocimiento y experiencia en el quehacer jurisdiccional, llegue a ocupar esos delicados cargos; aquí no aplica el falso discurso de que se requiere “más de 90% de la honestidad” que de conocimientos, pues debemos tener presente que se trata de una función de Estado eminentemente técnica, que exige cualidades intelectuales y éticas en la persona a elegir y que sea reconocida por su honorabilidad y competencia, características en las que se sustentará su legitimación como jueces, magistrados y ministros.