Carlos Navarrete Romero/ Chilpancingo, Gro.
Durante la celebración del conversatorio “Violencia política en razón de género desde una perspectiva jurisdiccional, administrativa y sociedad civil”, organizado por el Tribunal Electoral del Estado (TEE), especialistas en la materia coincidieron en que las sanciones que se han impuesto a personas que incurren en este tipo de violencia no han servido para disminuir su incidencia y advirtieron que mientras no se combata la impunidad, el problema seguirá siendo recurrente.
En el conversatorio, moderado por la magistrada electoral Alma Delia Eugenio Alcaraz, participaron la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Astrid Humphrey Jordán; la magistrada del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado, Indalecia Pacheco León y la presidenta de la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses, Muriel Salinas Díaz.
En su intervención, Humphrey Jordán recordó que fue en 2020 cuando en el país se consideró como un tipo penal la violencia política en razón de género, lo cuál ha tenido un impacto importante en la vida político-electoral del país, pues recordó que gracias a ello fue posible la anulación de la primera elección en México por un caso de ese tipo de violencia, en alusión a la elección de ayuntamiento de Iliatenco en 2021.
“Me parece que lo más importante es que se ha visibilizado la violencia política en razón de género, se está visibilizado que ahora sí pasan cosas”.
La consejera electoral informó que en el registro nacional de personas sancionadas por cometer violencia política hay 293 nombres, de los cuáles dos corresponden a Guerrero, 236 a hombres y 57 a mujeres.
Comentó que analizar este tema les ha permitido observar que es a nivel municipal donde ocurren más casos de violencia política, con el 72.21 % del total.
En su exposición, la consejera electoral indicó que las sanciones que se han impuesto en casos de violencia política en razón de género no han sido suficientes para combatir el problema, y como ejemplo mencionó a un actor político de Veracruz que ha reincidido en 11 ocasiones.
“Está claro que las sanciones tampoco están siendo eficientes, y por qué: el 48.34 % de los casos en que se acreditó la violencia política no hubo ninguna sanción; en otro 30.82 % fueron multas económicas y en el 14.80 % fueron amonestaciones públicas, entonces tenemos la regulación pero no se imponen las sanciones de manera adecuada, entonces así estamos combatiendo la violencia política pero no la impunidad”.
Por su cuenta, Muriel Salinas dijo que uno de los grandes desafíos es conseguir sentencias que garanticen la reparación del daño y la no repetición, así como fortalecer las medidas de acceso a la justicia.
También señaló que en Guerrero el Congreso local “se ha resistido” a la armonización legislativa, lo que permitiría que la normatividad local en materia de violencia política se homologue con la legislación federal.
La activista, informó que la Red para el Avance Político de las Mujeres cada vez recibe más casos de violencia política, principalmente después de un proceso electoral. De igual forma mencionó que está pendiente garantizar la paridad en la elección de las comisarías municipales.
En tanto, la magistrada Indalecia Pacheco refirió que hace falta que los casos de violencia política lleguen a las autoridades judiciales, pues hasta ahora sólo son remitidos a las autoridades electorales.
Finalmente, coincidió en que uno de los grandes retos de las autoridades en esta materia es combatir la impunidad.
“El mensaje que mandamos a los agresores sigue siendo de impunidad. Hay sanciones administrativas, pero no se puede llevar a un juicio oral a alguno de los agresores”.
Al conversatorio asistieron la presidenta del TEE, Evelyn Rodríguez; la magistrada y el magistrado electoral, Hilda Rosa Delgado Brito y J. Inés Betancourt Salgado; así como consejeros y consejeras del IEPC, representantes de la sociedad civil, de la Secretaría de la Mujer, del INE Guerrero y de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.