Ángel Galeana/Chilpancingo
El Consejo General del IEPC aprobó la integración de los 28 consejos distritales que participarán en las elecciones del próximo año; el proyecto fue aprobado con 91 plazas vacantes, principalmente en las consejerías suplentes.
El proyecto fue aprobado por mayoría, toda vez que la consejera Azucena Cayetano Solano votó de forma particular en contra de la presidencia del distrito 8 y dio un voto concurrente en el acuerdo general, al considerar que no se daba la máxima participación de mujeres en las presidencias de los 28 distritos, pues alegó que un piso del 50% de espacios para cada género se limita a lo mínimo que establece la ley sobre la participación de las mujeres.
El IEPC sesionó de manera virtual la noche de este lunes para hacer la sexta modificación a su presupuesto de ingresos y egresos y del programa operativo 2023 e instalar los 28 consejos distritales.
El acuerdo que generó discusión fue el de los integrantes de los consejos distritales. El representante del PRI, Manuel Saavedra Chávez, acusó que de último minuto fue cambiada la propuesta a la presiencia del distrito 2 con sede en Chilpancingo; en ese sentido dijo a los consejeros del IEPC que ese cambio, del que los representantes de partidos políticos no fueron enterados, es un reflejo de que no hubo transparencia, certeza y máxima publicidad.
La consejera Dulce Merary Villalobos Tlatempa, respondió que uno de los requisitos para la elegibilidad en las consejería del IEPC es que los interesados no debe tener un registro de participación pública o activa dentro de un partido político, en los últimos 3 años al momento de su designación.
En ese sentido, señaló que la representante de Morena, Esther Araceli Gómez Rodríguez, le hizo un llegar por correo electrónico información de quien era la propuesta del distrito 2, cuyo nombre no se reveló.
Tras hacer una revisión, indicó que la mujer tenía militancia activa o pública en el PRI Guerrero, específicamente en los consejos políticos del PRI entre 2022 y 2026.
Saavedra Chávez alegó que no estaba reclamando un espacio para alguien de su partido, sino la falta de información. Luego aseguró que quien era la propuesta inicial no tiene militancia activa en el PRI, lo cual quedó demostrado en un documento expedido por el INE.
Al respecto, la consejera Dulce Merary Villalobos respondió que el documento al que se refirió el representante del PRI son formatos de afiliación partidista, y recalcó que la ley establece que no debe haber antecedentes de militancia activa o pública.
La representante del pueblo afro ante el IEPC, Mijane Jiménez Salinas, reclamó que su comunidad no fue beneficiada con el acuerdo del IEPC, por lo que pidió que se revise la propuesta a la presidencia del consejo del distrito 15 y se le pida al menos el acta de nacimiento. Y es que para dar cumplimiento a acciones afirmativas, fue necesaria únicamente una manifestación de auto adscripción simple y no calificada.
La representación del Partido Movimiento Laborista y de Morena se sumaron a la petición de que se revise el perfil de quien fue nombrado en el distrito 15 a fin de que se garantice la participación del pueblo afro en la instalación de los consejos distritales.
La consejera Azucena Cayetano Solano votó de manera concurrente el acuerdo general, al considerar que se cumplió con el mínimo de espacios para mujeres en las presidencias de los 28 consejos distritales, que fue el 50 por ciento. Manifestó que no comparte la pardiad de género que limita al mínimo la igualdad y participación de las mujeres.
El consejero Amadeo Guerrero Onofre dijo que sí se garantiza la paridad de género con 14 consejos distritales presididos por mujeres y 14 por hombres; además que todos los consejos están conformados por 2 hombres y 3 mujeres, por lo que, en términos porcentuales, equivale a que el 60% de los espacios estarán ocupados por mujeres.
La presidenta del IECP, Luz Fabiola Matildes Gama, informó que en los consejos distritales están integrados 9 personas afro, 13 de pueblos originarios, 29 de jóvenes, 13 de adultos mayores, 2 personas con discapacidad y 7 de la diversidad sexual.
Otro de los acuerdos aprobados fue la modificación a su presupuesto anual y programa operativo por 14 millones 250 mil pesos, derivado de un convenio firmado entre el órgano electoral y la Secretaría de Finanzas estatal, en el que la dependencia transfirió recursos de manera extraordinaria.
Sin dinero para aguinaldos y proceso electoral en riesgo
En sesión realizada la tarde de ayer, el Consejo General del IEPC presentó el informe sobre la situación del presupuesto 2023 y el proyecto de egresos que envió el Poder Ejecutivo al Congreso para determinar el presupuesto 2024, el cual, de aprobarse, significaría poner en riesgo el proceso electoral, ya que contempla una reducción del 43%, respecto a lo que el órgano electoral estimó.
El informe señala que aún persiste el atraso de la Secretaría de Finanzas en las ministraciones de los recursos financieros correspondientes a los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre del ejercicio 2023, cantidad que equivale a 26 millones 443 mil pesos, la cual es necesaria para cubrir parte de la nómina del personal del instituto y del Financiamiento Público a Partidos Políticos, entre otras obligaciones de pago ya vencidas.
En lo que refiere a la gestión del anteproyecto de presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2024 formulado por el órgano electoral, se menciona que la titular del Ejecutivo Estatal envió al Congreso del Estado el proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024, en el que propone una asignación presupuestal para el IEPC de 393 millones 120 mil pesos , lo que representa un 43.48% menos de lo solicitado por el Consejo General en el Anteproyecto de Presupuesto.
El IEPC solicitó al Congreso del Estado, mediante oficios dirigidos a la Presidencia de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, de la Junta de Coordinación Política y de la Mesa Directiva, que el análisis del proyecto de presupuesto de este instituto se haga con base en el anteproyecto aprobado por su Consejo General, por un monto de 695 millones 488 mil pesos.
«De aprobarse el Decreto en los términos enviados por el Poder Ejecutivo del Estado, traerá severas implicaciones de riesgo para el correcto desarrollo del Proceso Electoral por el que se renovarán las diputaciones locales y ayuntamientos de la entidad, debido a que es un presupuesto insuficiente para cubrir la totalidad de las actividades del próximo año correspondientes al proceso electoral, entre las que destacan por su monto, gastos de campaña, operación de los 28 consejos distritales, implementación de sistemas informáticos e impresión de materiales y papelería electoral a utilizarse durante la jornada electoral, entre otros», indica el informe.