Hipólito Lugo Cortés tiene una licenciatura en Derecho, maestría en Ciencias, Área de Derecho Público, y estudios de doctorado en Derechos Humanos. Es coordinador de la Oficina en Guerrero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Fue secretario ejecutivo, secretario técnico, visitador general, y presidente del Comité para la Investigación de la Desaparición Forzada de Personas. También se desempeñó como presidente interino en la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero.
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En México a partir del cinco de junio de 1990, fecha en que se emitió el Decreto Presidencial publicado al día siguiente en el Diario Oficial de la Federación (DOF), surge a la vida jurídica bajo la bruma del escepticismo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), como organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con atribuciones para la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos, que se encuentran previstos en el orden jurídico mexicano; en consecuencia, una de sus funciones lo es precisamente el propiciar el cambio para una cultura en y para los derechos humanos, la de vigilar que éstos sean respetados; tarea inacabada y aún de colosales dimensiones.
Estas funciones se vinieron a fortalecer cuando se le dio el carácter de organismo descentralizado, a través de una reforma constitucional en al Artículo 102, al que se le adicionó un Apartado B, mediante Decreto publicado en el DOF el 28 de enero de 1992, elevando a la CNDH a rango Constitucional.
Resulta indiscutible que a partir de la creación de la CNDH se inicia un movimiento en favor de los derechos humanos, y un amplio debate sobre el tema que llegó hasta los estados de la república, pues el mencionado precepto constitucional señala la obligación de establecer organismos homólogos en los estados, y así surgió un sistema nacional de protección de los derechos humanos, estructurado de acuerdo al modelo federal del estado mexicano; esto es, integrado por las comisiones nacional y las de las entidades federativas.
Sin duda que uno de los más importantes avances surgió el 10 de junio de 2011, al publicarse en el DOF diversas reformas a la constitución federal, de las más de setecientas cuarenta de que ha sido objeto a la fecha, a fin de incorporar en la Constitución los derechos humanos y fortalecer a los organismos encargados de su defensa.
Vale mencionar que a dos meses y medio de creada la CNDH, el estado de Guerrero fue el primero en establecer un organismo público de derechos humanos, ya con sustento constitucional, desde luego que aquí influyó la idea de avanzada del jurista y malogrado entonces gobernante José Francisco Ruíz Massieu, al publicarse el 22 de septiembre de 1990, el Decreto para reformar el Artículo 76 de la Constitución Política local y adicionarle un artículo 76 Bis, para regular la existencia de la comisión estatal, dando origen a su reglamentación con la expedición el 26 del propio mes y año, de la ley que normaría los actos de ese organismo, y al día siguiente se nombró al primer presidente, que lo fue don Juan Alarcón Hernández, quien logró colocar a la otrora Comisión como un referente nacional e internacional, y el 28 de septiembre se instala formalmente la Comisión y toma posesión su Titular.
De igual manera se dieron avances normativos en la legislación estatal, es así que surge una reforma integral a la Constitución Política de Guerrero, publicada el 29 de abril de 2014, que contempla dentro de los organismos públicos autónomos a la comisión estatal de los derechos humanos; dando lugar a su legislación reglamentaria publicada el 20 de marzo de 2015, para regular la actuación del citado organismo.
A treinta años de su existencia, es necesaria una visión retrospectiva y prospectiva; lo que podemos rescatar es que fue una de las pioneras en el país, al grado de acompañar a las víctimas y organizaciones civiles locales, nacionales e internacionales, como Tlachinollan, Colectivo Contra la Tortura e Impunidad, Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT); Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), entre otros, en peticiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), para solicitar medidas cautelares a favor de defensores civiles y coadyuvando en el litigio de casos como los de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, por mencionar algunos, que culminaron con sendas sentencias contra el estado mexicano; de lo que ahora está ausente el organismo local.
En la actualidad ese organismo enfrenta los retos para un desempeño eficaz de su función a favor de las víctimas y los colectivos que las representan; que resultan comunes a los organismos homólogos del país, que al igual, enfrentan restricciones presupuestarias, aunado a los cambios de transformación política que acontecen en México, pues está en marcha una transformación de fondo en estas instituciones, y no se descarta la posibilidad de eliminar a las comisiones locales de derechos humanos y pasar esta función a la futura defensoría del pueblo en la que se transformaría la CNDH, tarea aún pendiente de concretarse.
No omito mencionar un tema relevante, el relativo a la evidente omisión legislativa del Congreso del estado de Guerrero, por más de un año de inactividad para iniciar el procedimiento abierto a la sociedad para la designación del nuevo presidente o presidenta del organismo local de derechos humanos, al no expedir la convocatoria respectiva, incurriendo en desacato al mandato de la Constitución local plasmado en los artículos 112, 117 y 118, lo que denota una falta de compromiso con los derechos humanos en Guerrero, y con las víctimas de abuso de poder, ojalá se retome en la agenda legislativa, pues los diputados deben ser los primeros en asumir el compromiso legal y moral de cumplir las leyes que ellos mismos aprueban, y nos quedan a deber; por cierto, se acercan las elecciones y hay que recordar estos tópicos.